La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, tras haber alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad. Obtiene entonces una prestación monetaria para el resto de su vida. La legislación laboral de cada país estipula condiciones diferentes al respecto.
Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que suele consistir en una renta mensual. La prestación es vitalicia y sólo se extingue con la muerte del interesado. El monto de la prestación puede basarse en diferentes criterios: por ejemplo, con el criterio actuarial, se establece en relación a la cantidad y monto de las cotizaciones realizadas; con un criterio de sustitución, se establece a partir de un determinado porcentaje del monto de los ingresos durante la vida laboral.
En los sistemas jubilatorios públicos, para acceder a una jubilación es necesario cumplir requisitos de edad (generalmente en torno a los 60-65 años) o acceder a una jubilación anticipada por razones de invalidez. Por otro lado, en caso de tratarse de un sistema contributivo, el acceso suele depender de haber cumplido con un mínimo de años cotizados a la seguridad social.
A continuación compartimos con fines educativos – pastorales la publicación del Blog informativo 25 Minutos (España) en donde explican que a través de un estudio de la Defensora del Pueblo de la Tercera Edad, que dirige, en base al cálculo de la renta básica para los abuelos, que en julio subió por las subas en alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.
Esperamos que la siguiente información sea de utilidad para las autoridades de cada país y reflexionen acerca de la importancia de una jubilación digna para todos los trabajadores.
Siete de cada diez jubilados no puede cubrir sus gastos mínimos
Así lo muestra un informe de la Defensora de la Tercera Edad, en base a datos de varias ciudades del país.
Jubilaciones muy bajas, casi ridículas, la luz por las nubes, alquileres astronómicos, el precio de la cesta de la compra… La ecuación da un resultado trágico: siete de cada diez jubilados españoles no pueden pagar los gastos mínimos para subsistir.
El dato surge de un estudio de la Defensora del Pueblo de la Tercera Edad, que dirige, en base al cálculo de la renta básica para los abuelos, que en julio subió por las subas en alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.
Según detalla el diario , la Cesta Básica del Jubilado releva gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en las cides, los grandes centros urbanos en los que se concentra la mayor cantidad de adultos mayores.
Con relación a la medición anterior, de finales de abril, el incremento de la cesta fue del 8,67%, y del 20,6% respecto a noviembre de 2017. Los números muestran un gran desfase con los haberes de los jubilados que cobran una mínima de 623,40 euros .
“Los jubilados hacen peripecias ante una sociedad que naturalizó que envejecer es ser pobre”, sentenció, en una entrevista concedida a “Diario”.
La Defensora publicó una medición de emergencia ante la reciente devaluación de la calidad de vida y el alza de la inflación, que en julio llegó al 3,1% y acumula un alza del 19,6% en 2018. La jubilación mínima a percibir por la jubilación ordinaria en 2018 es de 810,60 € si se tiene cónyuge a cargo, de 656,90 € si no se tiene cónyuge o de 623,40 € si se cuenta con cónyuge no a cargo.
Advirtió que “en España, con 328 euros por cónyuge nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas. Si bien la Cesta Básica del Jubilado se mide semestralmente en mayo y diciembre, en virtud del desmedido aumento inflacionario incorporamos una medición extra en agosto, como ya ocurrió en 2014 y 2016, años con elevados niveles de inflación”.
El defensor de la Tercera Edad agregó que dentro de ese grupo, hay 1,3 millón de españoles que reciben pensiones no contributivas, la mayoría son personas con discapacidad, que enfrentan “condiciones de infraconsumo”.
Se remarcó que en los últimos seis meses los gastos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30% .
El defensor reclamó al gobierno tomar cartas urgentes en el asunto, y no con medidas de “maquillaje”, sino con una solución de fondo: subir las jubilaciones más allá de lo que fije la Ley de Movilidad de los jubilados, hasta que cubran la cesta Básica.
“Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilación”, aseguró y exigió que ese hipotético pago extra sea cubierto con el dinero del Fondo de Garantía, que maneja el gobierno y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar acuerdos firmados como el firmado recientemente con el FMI.
“El Fondo de Garantía de Sustento, en lugar de estar a disposición de organismos multilaterales, debe estar en el único lugar seguro: el bolsillo de jubilados, que genera impuestos y trabajo con el consumo interno”, aseguró y reclamó “discutir este tipo de cosas y no cómo se sigue recortando la miseria de quienes integran un tercio de nuestra población”.
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