La profesora Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo y dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela comparte su opinión sobre la experiencia de la educación a distancia en su país. Casi todos hemos experimentado el reto que ha supuesto la emergencia educativa ocasionado por la pandemia del Covid, y hemos logrado sobrellevar el desafío con esfuerzo y éxito -si lo podemos llamar así- para culminar el año académico y prepararnos para el siguiente.
La educación en Venezuela ha sufrido las incorrectas políticas económicas en Educación como la disminución del presupuesto educativo y la pulverizaron el salario, la fuga de maestros a otros países, el ascenso de la exclusión escolar, la baja calidad y disminución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y la desaparición de los servicios de seguridad para los estudiantes y docentes. Se puede decir que se ignoró la educación en pandemia como derecho humano.
El Estado no estaba preparado para desarrollar una educación a distancia en todos los niveles educativos, menos en la educación especial y en el nivel medio de educación técnica. Por eso, de manera improvisada, sin analizar el impacto educativo ni las condiciones de accesibilidad tecnológica, el Ministerio decidió imponer la aplicación de una política educativa sin involucrar a los estudiantes, educadores, padres y representantes.
“La improvisación del plan Cada Familia Una Escuela es evidente en la presentación de programas televisados por VTV, el canal del Estado. Las clases en vez de educar promueven la confusión y falsean los contenidos académicos, incurriendo en graves errores sobre conocimientos históricos, geográficos, matemáticos y de todo el conocimiento científico.
La educación a distancia, al ser un sistema de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, requiere de una serie de condiciones para que su implementación sea eficaz. En el caso venezolano, la educación a distancia pasó a ser un fin en sí misma y no un medio de apoyo para el proceso educativo.
La accesibilidad a la tecnología fue uno de los problemas críticos, debido a la situación de vulnerabilidad del sistema eléctrico y a las fallas de conexión a Internet”. Son muchos los testimonios de docentes, padres y estudiantes quienes denunciaron la imposibilidad para realizar las actividades, enviar y revisar. Figueroa expresó: “no estamos preparados para implementar clases a distancia, pues son muchos los docentes que no saben manejar estas tecnologías”, y muchos de ellos “no contaban con computadora ni teléfono inteligente, mucho menos con recursos económicos para mantener la conexión de datos cuando el salario alcanza apenas para comer dos días”.
El plan “Cada Familia Una Escuela” no fue casi visto ni por los estudiantes ni por los docentes, y mucho menos por los padres y representantes. No fue solución para aquella población estudiantil que inició el año escolar 2019-2020 sin profesores en las áreas de Biología, Química, Matemática, y Física. “En ocasiones, pegaban papelógrafos en la pared de la entrada del plantel o en una cartelera para los estudiantes”. Y en algunas Zonas Educativas “ordenaron administrativamente que se les colocara una nota de aprobación” a los estudiantes.
“La modalidad de educación especial no fue atendida. Como sabemos, esta modalidad requiere de atención de pedagogos especialistas de manera permanente y directa, y este plan no contó con herramientas pedagógicas”.
“La función del educador se ha desvalorizado y descontextualizado en este programa, al trasladar la labor pedagógica a los padres y dejar la función del docente reducida a recibir y corregir tareas y actividades, sin desarrollar ningún proceso de enseñanza, produciendo una sobrecarga de horas de trabajo que al final fueron improductivas desde el punto de vista académico porque la comprobación del aprendizaje no se pudo evaluar realmente”.
No son pocos los docentes que manifestaron agotamiento y depresión laboral por el inexistente horario de servicio y la pulverización del salario, además de “recurrir a préstamos de equipos y saldos para Internet, quedando endeudados”. A ello se agregó “el hostigamiento y amenazas de las Zonas Educativas ante exigencias de asistir al plantel a sabiendas del confinamiento social”.
La profesora Figueroa ve con preocupación el “aumento de la exclusión escolar y la brecha de la desigualdad social, el deterioro del derecho a la alimentación, la disminución de políticas para invertir en la educación y la política sistemática de la desprofesionalización de la carrera docente. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2015 habían 256.155 docentes con título. Para enero de 2019, según la dirección general de gestión humana del ministerio, solo hay 156.639. Al mismo tiempo, aumentó en el sistema educativo el número de docentes no graduados. De 14.049 pasamos a 38.350 en cuatro años”.
Si Venezuela quiere salir de este “entrampamiento educativo”, el Estado tiene que proveer en este contexto de pandemia tres cosas fundamentales: condiciones para preservar el derecho a la vida, condiciones para el desarrollo de la educación como derecho humano, y condiciones para el desarrollo de un trabajo que cuente con seguridad, salario digno y los instrumentos pedagógicos y tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben reivindicar su rol pedagógico, y los representantes deben restablecer su papel de contralor social”.
Este contenido, del cual hemos tomado algunas partes, es autoría de Indira Rojas y ha sido publicado originalmente por PRO DAVINCI en la siguiente dirección: prodavinci.com | Les sugerimos ingresar al enlace y leer la información completa.
