En abril de 2024, directores de centros escolares del departamento de Usulután, en El Salvador, recibieron una orden inusual: identificar y fichar a estudiantes que presentaran conductas consideradas “antisociales”. La instrucción, emitida por el director departamental de Educación, Hugo Ernesto Alberto Cerna, llegó por correo al final de la tarde, y exigía que los datos fueran enviados “a la mayor brevedad posible”.
Esta solicitud no sorprendió a los directores, ya que el jueves 11 de abril habían recibido previamente el formato de la «Ficha diagnóstica de estudiante con actitud y conducta antisocial», un documento que debían llenar con información detallada de los estudiantes observados por sus docentes.
La ficha requería datos personales del alumno, incluyendo grado, sección y turno, además de una descripción específica de las conductas señaladas. Entre los criterios que se debían registrar estaban: rebeldía, desobediencia, tendencia a afiliarse a grupos antisociales, realización de dibujos alusivos a pandillas, tener familiares relacionados con actividades delictivas, mostrarse cansado o con sueño, incumplir tareas, o tener una apariencia considerada “típica de una persona antisocial”.
La orden se emitió tras un incidente ocurrido en un centro escolar del municipio de Jiquilisco, donde miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) sorprendieron a estudiantes pintando grafitis vinculados a maras. Durante la inspección, se les encontraron armas de fuego, lo que encendió las alarmas entre las autoridades.
Aunque la medida se originó en la dirección departamental de Educación de Usulután, hubo indicios de que esta iniciativa se habría extendido a otros centros educativos del país. En las semanas siguientes, la PNC informó sobre la captura de estudiantes involucrados en actividades relacionadas con pandillas, incluidos videos en los que aparecían haciendo señas alusivas a estos grupos.
La decisión provocó un fuerte rechazo por parte de expertos en educación, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. Estos sectores argumentaron que fichar a estudiantes con base en criterios tan amplios y subjetivos podía estigmatizarlos y derivar en una forma de criminalización temprana, contraria a lo que establece la Ley Crecer Juntos, que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes en El Salvador.
El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, aclaró que la orden no provenía del Ministerio de Educación como tal, sino que fue una decisión tomada de manera local por el director departamental.
Hasta el 26 de marzo de 2025, no existía información pública que confirmara la continuidad o institucionalización de esta práctica a nivel nacional. Dado el rechazo que generó y la falta de respaldo oficial del Ministerio, todo indicaba que la medida no se mantuvo en el tiempo.
Lo que para algunos fue una estrategia de prevención ante la amenaza de las pandillas, para otros representó una peligrosa forma de vigilancia y exclusión dentro del sistema educativo. La polémica dejó al descubierto las tensiones entre seguridad y derechos en el contexto escolar salvadoreño.
Estado actual de la medida y reacciones oficiales
La iniciativa de fichar a estudiantes con «conductas antisociales» surgió en abril de 2024 en el departamento de Usulután, El Salvador, bajo la dirección del director departamental de Educación, Hugo Ernesto Alberto Cerna. Esta medida generó controversia y críticas por parte de especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentaron que podría estigmatizar y criminalizar a los estudiantes, además de violar derechos establecidos en la Ley Crecer Juntos.
El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES), Javier Hernández, aclaró que esta medida no provino del Ministerio de Educación, sino que fue una decisión tomada de forma local por el director departamental.
Hasta la fecha actual, 26 de marzo de 2025, no hay información pública que indique que esta práctica se haya implementado a nivel nacional o que continúe aplicándose en el presente. Dado que la medida fue objeto de críticas y no recibió respaldo oficial del Ministerio, es probable que no se haya extendido ni mantenido en el tiempo.
Fuente:
REDACCIÓN WEB DEL MAESTRO CMF
