Un video grabado en el Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja, Lima, Perú, volvió a circular en redes sociales y fue difundido recientemente en Instagram por Diario Viral, en medio de la conmoción provocada por la investigación de una presunta violación sexual contra un estudiante de 16 años del mismo colegio. Las imágenes corresponderían a 2024 y muestran a un alumno que amenazó a un profesor ante la posibilidad de ser desaprobado. Su reaparición cobra relevancia porque docentes y madres de familia han mencionado antiguos episodios de violencia y bullying tras conocerse el caso ocurrido el 15 de septiembre de 2026. Aunque ambos hechos pertenecen a momentos distintos y no existe una relación directa establecida entre ellos, el antiguo episodio ha reabierto cuestionamientos sobre la convivencia escolar y la atención que habrían recibido alertas anteriores dentro de la institución.
En la grabación difundida originalmente en junio de 2024, un estudiante se dirige directamente al profesor mientras otros alumnos permanecen dentro del salón. “Profe, usted sabe que si un profesor me jala lo mato… lo mato, lo mato”, se escucha decir al escolar. El docente responde advirtiéndole que, si continúa con las amenazas, tendrá que retirarlo del aula. La escena también registra las reacciones de algunos compañeros, entre ellas risas ante lo ocurrido. La gravedad de las palabras pronunciadas convirtió aquel episodio en un caso público que trascendió las paredes del colegio y provocó cuestionamientos sobre el manejo de situaciones de violencia verbal.
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Un antecedente que volvió a cobrar relevancia
Dos años después, aquellas imágenes volvieron a circular en medio de una situación considerablemente más grave. El 15 de septiembre de 2026, un estudiante de 16 años denunció haber sufrido una presunta agresión sexual durante el traslado en un bus escolar, luego de participar en una actividad deportiva. Diez compañeros fueron señalados en la denuncia y el caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes. Debido a que las pesquisas continúan, corresponde mantener la presunción de inocencia y diferenciar claramente los hechos denunciados de aquellos que puedan ser posteriormente establecidos mediante las diligencias fiscales, periciales y testimoniales correspondientes.
La denuncia provocó que antiguos episodios y testimonios relacionados con la convivencia dentro del Liceo Naval Almirante Guise volvieran a ser examinados públicamente. Entre ellos apareció nuevamente la amenaza registrada en 2024, además de versiones sobre situaciones de bullying, hostigamiento y violencia entre estudiantes. La profesora Giovana León, docente de la institución desde hace cerca de 18 años, declaró que había comunicado anteriormente situaciones que consideraba preocupantes. Sus declaraciones ampliaron el debate, pues ya no se trataba solamente de analizar acontecimientos aislados, sino también de determinar cómo fueron recibidas y atendidas las alertas formuladas dentro de la comunidad educativa.
Entre los antecedentes difundidos públicamente durante estos días aparecen situaciones de diferente naturaleza y gravedad que deben analizarse por separado, sin establecer relaciones que todavía no hayan sido demostradas:
- Amenazas verbales contra un profesor registradas en 2024.
- Reportes y denuncias de presuntos casos de bullying entre estudiantes.
- Testimonios de docentes sobre advertencias comunicadas anteriormente.
- La investigación abierta en septiembre de 2026 por la presunta agresión sexual contra un adolescente.
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León sostuvo públicamente que varios profesores habían comunicado situaciones de violencia escolar sin observar posteriormente los cambios que esperaban. “Los docentes han hecho la denuncia y no ha habido ningún cambio”, declaró al referirse a los reportes realizados dentro de la institución. La profesora también manifestó haber intentado intervenir dentro de sus posibilidades frente a episodios de bullying. Sus afirmaciones constituyen un testimonio que debe ser considerado como tal y que corresponde contrastar dentro de cualquier investigación institucional. No permiten, por sí mismas, concluir que las autoridades escolares conocieran previamente la presunta agresión sexual denunciada en septiembre de 2026.
La respuesta institucional y la investigación
Tras conocerse la denuncia de septiembre, el Liceo Naval Almirante Guise informó públicamente que brindaría facilidades a las autoridades encargadas de esclarecer lo sucedido y anunció la adopción de medidas disciplinarias. La investigación quedó en manos de las instituciones competentes, mientras se realizaron diligencias destinadas a determinar responsabilidades y reconstruir las circunstancias del episodio denunciado. El caso adquirió especial repercusión debido a que los hechos habrían ocurrido durante el retorno de una delegación estudiantil después de una competencia deportiva, una circunstancia que también abrió interrogantes sobre los protocolos de supervisión y protección aplicados durante actividades realizadas fuera del establecimiento educativo.
En ese contexto, el video de 2024 adquiere relevancia como un antecedente documentado de una amenaza pronunciada por un estudiante contra un docente, pero no constituye prueba de una conexión con los acontecimientos investigados actualmente. La diferencia resulta fundamental para informar con rigor: una amenaza verbal ocurrida dos años antes, denuncias de bullying y una investigación por presunta agresión sexual son hechos distintos, aunque hayan ocurrido dentro de una misma comunidad educativa. Presentarlos como partes comprobadas de una única secuencia podría conducir a conclusiones que las investigaciones disponibles todavía no permiten sostener y desdibujar las responsabilidades específicas que deben establecerse en cada episodio.
La controversia también coloca en primer plano una cuestión que trasciende este colegio: qué ocurre cuando estudiantes, profesores o familias comunican señales de violencia y cómo responde una institución educativa ante esas advertencias. Un protocolo de convivencia no termina con registrar una incidencia. Requiere evaluar el riesgo, documentar lo sucedido, proteger a quienes puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad, informar a las familias cuando corresponda y activar las instancias externas previstas para los casos graves. La amenaza registrada en 2024 muestra, además, que las expresiones violentas dirigidas contra docentes no deberían normalizarse como bromas ni quedar relativizadas por las risas de otros estudiantes.
La protección de una comunidad educativa exige respuestas diferenciadas según la naturaleza y gravedad de cada situación. Entre las acciones esenciales que permiten prevenir una escalada se encuentran:
- Registrar formalmente los incidentes y conservar sus antecedentes.
- Activar oportunamente los protocolos de convivencia y protección.
- Dar seguimiento a las denuncias formuladas por estudiantes, familias y docentes.
- Evitar la revictimización y preservar la identidad de los menores involucrados.
- Comunicar a las autoridades competentes los hechos que puedan constituir delitos.
Una alerta sobre la convivencia y la prevención
El caso del Liceo Naval Almirante Guise continúa bajo escrutinio mientras las autoridades investigan la denuncia presentada en septiembre. Determinar qué ocurrió, quiénes tienen responsabilidad y si existieron fallas institucionales corresponde a las investigaciones y procedimientos respectivos, no a conclusiones anticipadas. Sin embargo, los antecedentes difundidos plantean una preocupación legítima sobre la capacidad de las comunidades educativas para detectar y atender señales de violencia antes de que alcancen mayor gravedad. Las advertencias de docentes, estudiantes y familias requieren canales efectivos de respuesta, porque escuchar una denuncia constituye apenas el primer paso; documentarla, investigarla, proteger a los involucrados y actuar oportunamente completa la responsabilidad institucional.
Redacción: Web del Maestro CMF
