En Perú, una propuesta presentada desde el Congreso ha abierto nuevamente el debate sobre las medidas que deben adoptar las instituciones educativas frente a los casos graves de violencia escolar. El diputado de Renovación Popular Carlos Yalta Sotelo planteó reformar la plataforma SíseVe y evaluar la separación definitiva de estudiantes responsables de conductas violentas de especial gravedad. La iniciativa busca que hechos como agresiones, acoso, ingreso de armas o comercialización de drogas no terminen únicamente con medidas disciplinarias temporales, sino que activen mecanismos inmediatos de protección para los estudiantes afectados y procedimientos específicos para determinar las consecuencias correspondientes.
El planteamiento parte de una modificación sustancial del funcionamiento de SíseVe, herramienta utilizada para registrar y hacer seguimiento a situaciones de violencia en las instituciones educativas peruanas. Yalta sostiene que el sistema debería evolucionar hacia un mecanismo capaz de detectar riesgos, activar respuestas y acompañar los casos hasta su atención efectiva. “Tiene que dejar de ser una plataforma que solo registra casos y convertirse en una herramienta que permita detectar riesgos, activar respuestas y acompañar al estudiante hasta que el caso sea atendido”, señaló. La propuesta pretende así reforzar la capacidad de reacción institucional cuando la seguridad de los escolares se encuentra comprometida.
Los casos graves que contempla la propuesta
Uno de los aspectos centrales es la posibilidad de establecer medidas diferenciadas según la gravedad de la conducta cometida por el estudiante. El planteamiento no se limita a los conflictos habituales de convivencia escolar, sino que apunta específicamente a situaciones consideradas de especial gravedad y que pueden comprometer la integridad física, psicológica o sexual de otros miembros de la comunidad educativa. Entre los hechos mencionados se encuentran:
- Bullying o acoso escolar grave y reiterado.
- Ciberbullying.
- Agresiones sexuales.
- Venta de drogas dentro del entorno educativo.
- Ingreso de armas a la institución educativa.
Frente a uno de estos hechos graves, la primera medida sería una separación temporal inmediata del estudiante involucrado, mientras las autoridades correspondientes analizan lo ocurrido y determinan la decisión definitiva. De acuerdo con el planteamiento difundido, este procedimiento tendría un plazo máximo de 48 horas, lo que busca evitar que el estudiante afectado tenga que continuar compartiendo el mismo espacio con quien presuntamente protagonizó la agresión mientras se resuelve el caso. Esta separación inicial no equivaldría automáticamente a una expulsión definitiva, pues la decisión tendría que adoptarse mediante un procedimiento que considere las circunstancias y responsabilidades acreditadas.
El estudiante separado tendría que continuar estudiando
La propuesta también contempla que, cuando corresponda una separación definitiva de la institución donde ocurrió el hecho, el estudiante agresor sea trasladado obligatoriamente a otro centro educativo, en lugar de quedar excluido del sistema escolar. Allí debería recibir atención psicológica y seguimiento de su comportamiento. Esta precisión resulta fundamental para comprender el alcance de la iniciativa: la medida planteada busca separar a los involucrados y proteger a la víctima, pero no eliminar el derecho del estudiante sancionado a continuar su formación. De esta manera, el cambio de institución estaría acompañado por acciones orientadas a intervenir sobre las conductas que originaron el problema.
Yalta explicó que la finalidad de este esquema sería impedir que los episodios graves terminen únicamente en sanciones temporales sin medidas posteriores. “El objetivo es proteger al estudiante afectado y evitar que una situación de violencia grave quede reducida a una suspensión temporal sin una respuesta posterior”, sostuvo. Bajo ese criterio, el traslado funcionaría como parte de una intervención más amplia que combinaría protección, disciplina y seguimiento. La propuesta coloca así en discusión un asunto sensible para las comunidades educativas: cómo garantizar la seguridad de quienes sufren violencia sin interrumpir definitivamente la trayectoria educativa del estudiante responsable de una conducta grave.
Otro componente de la iniciativa apunta a fortalecer la coordinación entre las instituciones educativas y organismos externos al sector Educación. El planteamiento menciona específicamente a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La intención es que determinados episodios, por su naturaleza o gravedad, no permanezcan exclusivamente dentro de procedimientos administrativos escolares. Esta coordinación resultaría especialmente relevante cuando las conductas reportadas pudieran constituir delitos o situaciones que requieren medidas de protección especial. El objetivo sería establecer una respuesta articulada que permita actuar de acuerdo con las competencias de cada institución involucrada.
La separación definitiva requeriría cambios en las normas
La aplicación de una separación definitiva no podría realizarse automáticamente con las reglas actuales, por lo que el planteamiento considera una modificación del Decreto Supremo N.º 004-2018-MINEDU. Según lo señalado por Yalta, cualquier cambio tendría que establecer claramente las causales que permitirían adoptar una medida de esta magnitud. También debería garantizar el debido proceso, analizar la proporcionalidad de la sanción y preservar la continuidad educativa del estudiante. Estos elementos buscan establecer límites para que una decisión especialmente severa no dependa únicamente de una apreciación inmediata, sino de procedimientos previamente definidos y de hechos debidamente determinados.
La propuesta introduce, por tanto, una distinción relevante entre separar a un estudiante de una determinada institución y excluirlo del sistema educativo. Lo planteado corresponde a la primera posibilidad: ante determinados actos graves, el estudiante podría dejar definitivamente el colegio donde ocurrieron los hechos, pero tendría que continuar sus estudios en otra institución. Además, recibiría acompañamiento psicológico y seguimiento conductual. Esta diferencia resulta importante porque el debate sobre sanciones escolares suele utilizar términos como expulsión o separación para situaciones jurídicas y educativas distintas. La iniciativa todavía requiere que sus mecanismos, causales y garantías sean desarrollados antes de una eventual aplicación.
El debate también alcanza directamente a directores, docentes y familias, debido a que una eventual reforma obligaría a definir protocolos claros para distinguir los conflictos escolares de los hechos de violencia grave. No todas las faltas de convivencia tendrían las mismas consecuencias ni deberían activar automáticamente una separación. Para aplicar una medida de esta naturaleza sería necesario determinar qué ocurrió, proteger al estudiante afectado, preservar evidencias cuando corresponda y garantizar que las decisiones se adopten respetando las reglas establecidas. La intervención de entidades externas también implicaría delimitar cuándo un caso deja de ser exclusivamente disciplinario y requiere participación policial, fiscal o de organismos especializados en protección.
Por ahora, la separación definitiva de estudiantes por estos supuestos forma parte de una propuesta y no constituye una nueva sanción de aplicación automática en los colegios peruanos. Su eventual implementación dependería de modificaciones normativas y de la definición de procedimientos, causales y garantías específicas. Sin embargo, el planteamiento instala una discusión de fondo sobre la respuesta del sistema educativo frente a episodios graves: proteger oportunamente a quien sufre violencia, evitar que las medidas queden reducidas a suspensiones temporales y, simultáneamente, garantizar la continuidad educativa de quien sea sancionado. El desafío será articular seguridad escolar, debido proceso, intervención especializada y derecho a la educación.
Redacción: Web del Maestro CMF
