Familiares de adolescentes internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, en Perú, denunciaron un presunto trato preferencial hacia seis escolares del Liceo Naval de San Borja investigados por una presunta agresión sexual. Los testimonios fueron recogidos luego de que un reportaje mostrara las condiciones y rutinas que enfrentan quienes cumplen medidas de internamiento en este establecimiento. Según los denunciantes, los jóvenes no estarían permaneciendo bajo las mismas condiciones que otros internos, sino que habrían sido ubicados en un espacio separado y contarían con determinadas facilidades adicionales.
Artículo relacionado:
Las denuncias surgieron después de la difusión de imágenes sobre la vida cotidiana dentro de Maranguita, donde se mostraron horarios, actividades educativas, momentos de recreación, espacios comunes y restricciones aplicadas a los adolescentes. A partir de esa publicación, familiares de otros internos comenzaron a cuestionar públicamente si las normas estaban siendo aplicadas de manera uniforme. Dos de ellos decidieron brindar sus testimonios manteniendo en reserva su identidad, según explicaron, por temor a posibles consecuencias para sus hijos. Sus declaraciones pusieron el foco sobre las condiciones en las que permanecerían los seis estudiantes investigados.
Denuncias sobre las condiciones de internamiento
De acuerdo con los testimonios recogidos, los seis adolescentes del Liceo Naval habrían sido instalados en un área vinculada al tópico médico y no compartirían los mismos espacios que el resto de la población juvenil. Una familiar aseguró que el lugar habría sido acondicionado especialmente y señaló: “Le han puesto otros colchones, otras cosas. Tiene con televisor”. Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a las versiones proporcionadas por familiares y no constituyen por sí mismas una comprobación independiente de la existencia de privilegios. La controversia se concentra precisamente en determinar si existe una diferencia injustificada en las condiciones de internamiento.
Los familiares sostienen que las supuestas diferencias no se limitarían al espacio utilizado para alojar a los jóvenes. También cuestionaron el régimen de visitas que aparentemente se habría aplicado a los escolares. Según sus testimonios, mientras otros adolescentes deben esperar varias semanas antes de recibir determinadas visitas o mantener contacto con sus familias, los estudiantes investigados habrían podido encontrarse con sus familiares antes del plazo que los denunciantes consideran habitual. Una de las personas entrevistadas afirmó que pudo ver a su propio hijo después de 15 días y que tuvo que esperar aproximadamente un mes para recibir una llamada.
Otro punto señalado fue el supuesto ingreso de paquetes destinados a los adolescentes. Los familiares afirmaron que cada uno habría recibido un paquete de aproximadamente 15 kilogramos durante una visita. Una de las denunciantes calificó la situación como un trato diferente y manifestó: “Estos chicos del Liceo Naval que han entrado a Maranguita es un trato único”. Nuevamente, estas afirmaciones forman parte de los testimonios recogidos y requieren confirmación oficial. El reclamo central de las familias no consiste en pedir restricciones adicionales para los escolares, sino en exigir que las condiciones y derechos sean equivalentes para todos los internos.
Entre las situaciones concretas cuestionadas por los familiares aparecen diferencias que, según sus versiones, deberían ser aclaradas por las autoridades responsables del centro juvenil. Los principales señalamientos expuestos en los testimonios son:
- La presunta permanencia de los seis escolares en un espacio separado de otros internos.
- El supuesto acondicionamiento especial del área donde permanecerían alojados.
- La presunta disponibilidad de televisión y mejores implementos.
- La realización anticipada de visitas familiares.
- El supuesto ingreso de paquetes antes de los plazos aplicados a otros adolescentes.
Ninguno de estos señalamientos debe considerarse probado únicamente a partir de los testimonios familiares.
Familias también cuestionan las condiciones en el anexo de Ancón
El reportaje amplió además la discusión hacia las condiciones que enfrentarían adolescentes trasladados al anexo de Maranguita mencionado por los familiares en Ancón. Los denunciantes describieron una realidad considerablemente más restrictiva y aseguraron que algunos jóvenes permanecerían encerrados durante extensos periodos, con pocas posibilidades de comunicación. También formularon cuestionamientos sobre la atención médica, las condiciones sanitarias, la alimentación y la presencia de enfermedades entre los internos. Estas afirmaciones también corresponden a testimonios familiares y no fueron acompañadas, en el material difundido, por una verificación institucional detallada que permita establecer de manera independiente el alcance de las situaciones denunciadas.
La comparación entre ambos escenarios alimentó el malestar de las familias. Mientras describen supuestas facilidades concedidas a los estudiantes del Liceo Naval, sostienen que otros adolescentes atraviesan condiciones mucho más difíciles. El cuestionamiento adquiere especial relevancia porque las medidas aplicadas dentro de un centro juvenil deben combinar seguridad, disciplina, protección y condiciones compatibles con los derechos de los adolescentes. Los familiares insisten en que su reclamo no busca justificar las conductas que llevaron a sus hijos al sistema juvenil, sino exigir que las reglas institucionales sean aplicadas bajo criterios uniformes y sin diferencias derivadas de la situación económica o familiar.
Autoridades fueron buscadas para responder a los cuestionamientos
Ante las denuncias, el equipo periodístico señaló que buscó una entrevista con responsables del Programa Nacional de Centros Juveniles para obtener una explicación sobre las presuntas diferencias en el tratamiento de los internos. Sin embargo, indicó que no consiguió concretar la entrevista solicitada. Según el reportaje, mediante una comunicación telefónica se respondió que, al tratarse de menores de edad, no podían brindar declaraciones sobre sus casos de manera frecuente. Esta circunstancia deja sin una respuesta institucional detallada varios de los cuestionamientos planteados, particularmente aquellos relacionados con alojamiento, visitas, paquetes y condiciones diferenciadas dentro del establecimiento juvenil.
Una de las familiares sintetizó el reclamo señalando que desea “que todos sean vistos por igual” y reconoció, al mismo tiempo, que no pretende justificar la conducta por la cual su hijo se encuentra internado. Ese planteamiento resume el núcleo de una controversia que exige separar las denuncias de los hechos comprobados. Hasta contar con información oficial suficiente, no corresponde afirmar como un hecho que los seis escolares reciben privilegios, pero los testimonios plantean interrogantes que requieren esclarecimiento. La transparencia sobre los protocolos aplicados permitiría determinar si existen diferencias justificadas por razones técnicas, médicas o de seguridad, o si las reglas efectivamente están siendo aplicadas de manera desigual.
Redacción: Web del Maestro CMF
