Hidalgo, México (4 de julio de 2025). En medio de un creciente reclamo social por garantizar condiciones de respeto y seguridad para el magisterio, el Congreso del Estado de Hidalgo recibió una iniciativa que busca proteger integralmente a las maestras y maestros frente a las agresiones que se registran en los planteles educativos. La propuesta, impulsada por los diputados Jorge Argüyes Salazar y Alejandro Pérez Ramírez, pretende adicionar el artículo 96 bis a la Ley de Educación Estatal para blindar la integridad física, emocional y profesional del personal docente.
La reforma surge como respuesta a los numerosos casos documentados de agresiones verbales, físicas y psicológicas que deterioran el ambiente escolar y obstaculizan el ejercicio de la docencia. El planteamiento legislativo considera mecanismos de prevención, canales confidenciales de denuncia, así como acompañamiento jurídico, médico y psicológico a los docentes afectados. Además, promueve campañas de sensibilización y coordinación interinstitucional para sancionar de manera efectiva a quienes incurran en actos de violencia contra maestros.
En tribuna, el diputado Jorge Argüyes destacó la relevancia de la iniciativa, subrayando que “la labor del magisterio no solo se mide por conocimientos transmitidos, sino también por el compromiso, el desvelo y la entrega cotidiana”. Llamó a reconocer la dignidad de los docentes, quienes —recordó— son fundamentales para la formación de las nuevas generaciones y la construcción de una sociedad justa y pacífica.
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La propuesta legislativa se turnó a comisiones para su análisis. Entre sus puntos centrales, establece que la autoridad educativa estatal deberá implementar programas de prevención, habilitar mecanismos de denuncia ágiles y confidenciales, garantizar la atención integral a víctimas de agresiones y fomentar una cultura de respeto al personal docente.
Apoyo federal y llamado a nivel nacional
Mientras tanto, en Baja California, la diputada federal Evangelina Moreno Guerra, representante de Morena, manifestó públicamente su respaldo a la demanda de justicia por el caso de Esteban Canchola —un maestro procesado en circunstancias polémicas tras un accidente escolar— y por el fallecimiento del menor Damián. La legisladora llamó a revisar de forma imparcial el caso, a respetar los derechos tanto de la niñez como de los docentes, y a fortalecer los protocolos que clarifiquen la responsabilidad real de los maestros cuando ocurren accidentes dentro o fuera de la escuela.
“Las instituciones no pueden ofrecer justicia si no dan certeza”, advirtió la diputada, quien también exigió que se construyan protocolos adecuados y recursos suficientes para atender emergencias en las escuelas, incluyendo la presencia de personal médico y psicológico.
Puebla impulsa atención psicológica en escuelas
Por otro lado, en Puebla, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para establecer espacios de apoyo psicológico en el nivel de educación primaria. Esta propuesta busca dotar a las escuelas de personal profesional en psicología educativa o trabajo social, con la finalidad de atender a estudiantes que presenten dificultades académicas o de comportamiento. La participación en estos espacios sería opcional y supervisada por los padres o tutores.
La diputada destacó la necesidad de capacitar de forma continua al personal docente y administrativo en temas de salud mental, para garantizar un acompañamiento integral del alumnado. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su análisis.
Preocupación por la falta de avances
A pesar de estas iniciativas, persiste el escepticismo entre docentes y sociedad civil ante el riesgo de que estas propuestas legislativas terminen archivadas, sin aplicarse en la práctica. “A los diputados y senadores les encanta presentar iniciativas, pero muchas no proceden”, fue el sentir expresado en diversas plataformas de discusión, donde se llamó a vigilar de cerca el seguimiento de estos proyectos.
La protección de las maestras y maestros, coinciden especialistas y legisladores, resulta esencial para consolidar una educación de calidad y garantizar entornos escolares seguros. Sin el respeto a la autoridad pedagógica y sin protocolos claros, advierten, la escuela seguirá expuesta a conflictos que vulneran no solo al personal docente, sino a toda la comunidad educativa.
Redacción | Web del Maestro CMF
