La criminóloga y formadora de docentes Beatriz Izquierdo, miembro del comité de 50 expertos que asesora al Gobierno en el plan de protección de menores en entornos digitales, advierte que la edad de responsabilidad penal fijada en los 14 años ha quedado obsoleta. Según explica, la cantidad y gravedad de los delitos cometidos por niños más pequeños demuestra que el marco legal actual ya no responde a la realidad social.
Solo en 2023, las causas archivadas porque los responsables eran menores de 14 años sumaron 11.143 casos, un aumento del 45 % respecto a 2022. Muchos de esos hechos —como agresiones físicas, acoso escolar, delitos sexuales, violencia intrafamiliar o difusión de contenidos vejatorios en redes— no pueden considerarse “irrelevantes ni escasos”.
Izquierdo considera necesario debatir sin miedo la posibilidad de bajar la edad penal, siempre desde una perspectiva educativa y reeducativa, no punitiva: “Si un menor de 13 años y medio comete un acto grave, necesita ayuda y herramientas para asumir la responsabilidad, no impunidad. No se trata de castigar, sino de reeducar”.
La banalización de la violencia y la pérdida de empatía
Uno de los aspectos más preocupantes que señala Izquierdo es la banalización de la violencia y la hipersexualización temprana de los menores, propiciadas por el acceso ilimitado a contenidos inadecuados a través de las pantallas. “Las habitaciones han dejado de ser un lugar seguro cuando los menores están solos frente a internet sin preparación ni acompañamiento”, afirma.
La exposición constante a contenidos violentos o sexuales genera una inmunización emocional: los adolescentes dejan de sentir empatía y, en algunos casos, replican comportamientos extremos para obtener notoriedad en redes. “Viven bajo la tiranía del like —explica Izquierdo—. Graban y difunden agresiones porque no son conscientes de que están generando pruebas contra sí mismos”.
Educar en leyes y consecuencias
Izquierdo subraya que la prevención comienza en casa y en la escuela. “A nuestros niños hay que explicarles la ley. Si no lo hacemos, es como mandarles desarmados a la guerra”, advierte. La experta propone reforzar en el sistema educativo la enseñanza de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, para que comprendan que traspasar ciertos límites tiene consecuencias legales reales.
Esta educación jurídica debe formar parte de la formación cívica y moral de los adolescentes, de modo que entiendan que una agresión, una manipulación digital o la difusión de una imagen íntima pueden constituir delitos graves. “No basta con saber que pegar está mal; hay que enseñarles que desnudar virtualmente a una compañera o compartir imágenes sin consentimiento también lo es”, insiste.
Padres que acompañan, no que miran hacia otro lado
La criminóloga también llama a los padres a asumir su responsabilidad educativa y legal. Recuerda que la ley no solo les obliga a cuidar y alimentar a sus hijos, sino también a educarlos en valores y límites. “No podemos invocar la privacidad de los menores como excusa para no protegerlos”, sostiene. Ante la sospecha de que un hijo pueda estar siendo víctima o autor de un delito, el deber de los padres es intervenir, revisar, acompañar y guiar.
Respecto al uso de dispositivos móviles, Izquierdo no aboga por una prohibición general, sino por un acompañamiento progresivo y consciente: “Ningún niño debería tener un smartphone sin una preparación previa y un acompañamiento posterior. No se trata de negar la tecnología, sino de enseñar a vivir con ella”.
Una nueva mirada sobre la adolescencia y la sociedad
Izquierdo advierte que la falta de responsabilidad no es solo un problema juvenil, sino también adulto. Mientras los menores intentan imitar a los adultos para acceder a contenidos prohibidos, muchos adultos buscan parecer adolescentes en internet, alimentando una cultura de confusión y descontrol.
“Nos hemos relajado como sociedad —lamenta—. Los adultos compran chupetes para aliviar el estrés, mientras los menores se enfrentan a una hipersexualización brutal. Estamos fallando en el ejemplo y en los límites”.
Además, observa con preocupación el resurgimiento de comportamientos machistas en adolescentes, que utilizan la tecnología para controlar a sus parejas mediante geolocalización y acceso compartido a contraseñas. “Esto está causando estragos. No basta con hablar de igualdad; hay que replantear cómo comunicarnos con ellos. Los mensajes de siempre ya no funcionan”.
Conclusión: educar en responsabilidad antes que en castigo
El planteamiento de Beatriz Izquierdo no se centra en criminalizar la adolescencia, sino en recuperar la educación en responsabilidad. Bajar la edad penal, reforzar la enseñanza de las leyes, acompañar el uso digital y asumir el rol educativo desde las familias y las escuelas son pasos necesarios para evitar que los menores sean víctimas o victimarios.
“Hay que explicar al adolescente que su conducta tiene consecuencias”, resume Izquierdo. Solo así —añade— lograremos una generación más empática, consciente y protegida frente a los riesgos de una sociedad digital sin límites.
Redacción | Web del Maestro CMF
