En la República Dominicana, profesores universitarios han manifestado su preocupación por impartir clases sin ser informados previamente sobre la presencia de estudiantes con discapacidad en sus aulas, una situación que, según denuncian, dificulta la aplicación de metodologías inclusivas, evaluaciones ajustadas y apoyos pedagógicos adecuados.
La denuncia fue recogida por el diario Listín Diario el 21 de enero de 2026, tras la publicación del reportaje “Derriban barreras para alcanzar profesiones”. En él, profesores de distintas instituciones de educación superior señalaron que la falta de comunicación institucional genera incomodidad profesional, no por rechazo a la inclusión, sino por la ausencia de orientación, formación y protocolos claros.
Una docente que ejerce en varias universidades de Santo Domingo, y que solicitó anonimato, explicó que mientras algunas discapacidades físicas pueden ser visibles, otras —como las psicológicas, psiquiátricas o del neurodesarrollo— no lo son, y pueden manifestarse de manera inesperada en el aula. La ausencia de información y de lineamientos oficiales, sostiene, expone tanto al estudiante como al docente a situaciones pedagógicamente inadecuadas.
Privacidad del estudiante y límites institucionales
Desde el ámbito universitario, algunas voces defienden que la información no debe ser compartida automáticamente con los docentes, ya que corresponde al estudiante decidir si comunica o no su condición. Esta postura fue expresada por representantes de organismos vinculados a la inclusión universitaria, quienes subrayan la necesidad de respetar la privacidad y la autonomía del alumnado.
Un ejemplo destacado en el país es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que cuenta con una Dirección de Servicios para la Inclusión. Esta unidad diseña planes individualizados de ajustes razonables, compartiendo con los docentes únicamente orientaciones pedagógicas y metodológicas —nunca diagnósticos clínicos— y siempre con la autorización del estudiante. Desde su creación, ha acompañado a más de 200 personas entre alumnos, docentes y personal administrativo.
Falta de capacitación y políticas nacionales claras
Otros docentes consultados reconocen haber enfrentado situaciones complejas sin contar con formación específica ni materiales orientativos. Algunos optaron por evaluar bajo los mismos estándares al estudiante, intentando evitar sesgos, aunque reconocen que esto no siempre responde a las necesidades reales de apoyo educativo.
Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, representantes del profesorado señalaron avances en accesibilidad e infraestructura, pero advirtieron que el país aún carece de una política nacional clara y articulada para la atención de estudiantes con discapacidad en la educación superior. En particular, cuestionan la falta de liderazgo del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología en la coordinación de estas acciones, que deberían involucrar también a otras áreas del Estado, como salud y transporte.
Un desafío pendiente para el sistema universitario dominicano
La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades reconoce avances en diagnóstico, capacitación y cooperación interuniversitaria, pero admite que uno de los principales desafíos sigue siendo la ausencia de estadísticas sistemáticas y comparables sobre estudiantes con discapacidad. Aunque se han incorporado instrumentos como las Preguntas de Washington de Naciones Unidas en los procesos de admisión, el sistema aún presenta importantes vacíos de información.
Este escenario, específico de la República Dominicana, abre un debate relevante para docentes de toda la región: cómo equilibrar el derecho a la privacidad del estudiante con la necesidad pedagógica de contar con información suficiente para garantizar una educación verdaderamente inclusiva, sin improvisación, sin estigmatización y con respaldo institucional real.
Redacción | Web del Maestro CMF
