En Durango, México, una iniciativa legislativa busca establecer sanciones contra quienes presenten deliberadamente acusaciones falsas contra maestros, directivos y trabajadores administrativos de las escuelas. La diputada Daniela Soto Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la propuesta ante el Congreso estatal para modificar el Código Penal y la Ley de Educación. El planteamiento incluye protección frente a amenazas e intimidaciones relacionadas con el ejercicio profesional. El 21 de octubre de 2026, la legisladora precisó en una entrevista que contempla penas de hasta cinco años de prisión, aunque esa cifra todavía debe contrastarse con el texto definitivo de la iniciativa.
La propuesta se dio a conocer el 13 de octubre y parte de una preocupación concreta: las consecuencias laborales, familiares y personales que pueden sufrir los trabajadores educativos cuando enfrentan señalamientos graves. Una investigación puede prolongarse mientras la persona denunciada se separa temporalmente de su cargo o solicita licencia. Incluso cuando no se acredita responsabilidad, la afectación a su reputación puede persistir. Soto Hernández sostiene que el sistema debe investigar las denuncias sin desproteger a quienes son señalados. El proyecto no elimina las investigaciones ni propone inmunidad para el personal de las instituciones educativas.
«No tiene nada de contraponer contra las familias o las o los afectados, sean menores o mayores de edad, sino al contrario, que la justicia está al centro y que también tengan el derecho al debido proceso las y los docentes». Daniela Soto Hernández, diputada.
Entre los antecedentes expuestos por la diputada figura un caso ocurrido en enero de 2024 en Gómez Palacio, Durango. El director de la Escuela Secundaria Técnica número 68 fue separado de sus funciones tras recibir acusaciones de presunto acoso laboral y sexual. De acuerdo con el relato de la legisladora, semanas después las autoridades educativas informaron que no habían encontrado elementos suficientes para sustentar los señalamientos y anunciaron su reincorporación. Ese episodio fue utilizado para ilustrar el impacto que puede producir una denuncia durante su investigación, aunque la ausencia de pruebas no demuestra, por sí sola, que la acusación haya sido inventada.
La legisladora también señaló que la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha dado seguimiento a por lo menos diez expedientes relacionados con presuntas acusaciones falsas contra docentes. El dato describe asuntos acompañados por la organización sindical, no diez casos de falsedad comprobada ante un tribunal. Esa precisión resulta decisiva para comprender el alcance del debate. Una denuncia puede quedar sin acreditar por diferentes razones, incluidas dificultades probatorias, sin que exista intención de engañar. La iniciativa pretende concentrar la respuesta penal en conductas dolosas y evitar que la falta de pruebas sea tratada automáticamente como un delito.
«Que haya consecuencias incluso penales para quienes deliberadamente acusen con falsedad a todos estos gremios […] y también para el adulto que manipule al niño o a la niña para una falsa acusación contra algunos de ellos». Daniela Soto Hernández, diputada.
Una diferencia jurídica decisiva
El núcleo de la reforma consiste en distinguir entre denunciar hechos que no llegan a demostrarse y atribuir deliberadamente hechos falsos a una persona. Para imponer una sanción por esta última conducta, tendría que acreditarse que quien presentó la acusación conocía su falsedad. La propuesta también plantea respuestas específicas frente a amenazas e intentos de coacción contra docentes, directivos y personal administrativo mientras cumplen sus funciones. Según explicó Soto Hernández, el objetivo es que la protección jurídica alcance tanto la integridad de los trabajadores como la posibilidad de investigar con seriedad los señalamientos que formulen estudiantes y familias.
Otro componente del proyecto aborda situaciones en las que una persona adulta utilice o manipule intencionalmente a una niña, niño o adolescente para sostener una acusación que sabe falsa. La diputada propone considerar esa conducta como un supuesto agravado, debido a las consecuencias que puede generar para el menor involucrado. La medida, tal como fue presentada, se dirige a la actuación consciente del adulto y no a castigar a los estudiantes por comunicar situaciones de riesgo. El planteamiento intenta evitar que los conflictos entre mayores instrumentalicen a menores, sin debilitar los mecanismos destinados a protegerlos frente a abusos reales.
La reforma educativa incorpora un segundo frente: fortalecer las garantías de audiencia, defensa y debido proceso cuando una institución recibe una queja contra su personal. Esto supone examinar los hechos con objetividad, resguardar la confidencialidad y fundamentar las medidas provisionales de acuerdo con el riesgo identificado. También se mencionan mecanismos de acompañamiento jurídico y psicológico, junto con posibles medidas de reparación ante afectaciones indebidas. La propuesta busca evitar que una separación preventiva se confunda con una declaración de culpabilidad. Al mismo tiempo, las instituciones deberán mantener su obligación de actuar ante cualquier señalamiento que comprometa la seguridad estudiantil.
Alcance de la propuesta y trámite legislativo
La iniciativa puede resumirse en varios objetivos complementarios, pero su aplicación dependerá del contenido que finalmente apruebe el Congreso. Se busca sancionar las imputaciones conscientemente falsas, atender amenazas contra el personal educativo y reforzar las garantías de defensa. Asimismo, se propone agravar los casos de manipulación de menores y ofrecer acompañamiento a los trabajadores afectados. Ninguna de estas medidas debería impedir la presentación de denuncias legítimas. La diputada resumió esa orientación al declarar: “Que ninguna denuncia legítima quede sin investigar y que ninguna persona sea sancionada sin que se acredite su responsabilidad”.
- Sancionar las acusaciones deliberadamente falsas.
- Proteger frente a amenazas e intimidaciones.
- Garantizar audiencia, defensa y debido proceso.
En una entrevista publicada el 21 de octubre, Soto Hernández mencionó penas de hasta cinco años de prisión para las acusaciones falsas formuladas deliberadamente. Esa referencia corresponde a lo expresado por la legisladora y no debe confundirse con una sanción actualmente vigente. La pena exacta, sus condiciones y su relación con las figuras penales existentes requieren revisar el articulado legislativo. La diputada también agradeció el respaldo manifestado por organizaciones sindicales y expresó su expectativa de conseguir apoyo de otras fuerzas políticas. Sin embargo, el respaldo político o sindical no equivale a la aprobación de una reforma.
Por ahora, la iniciativa sigue su trámite en el Congreso de Durango. Tras su presentación, fue turnada a las comisiones de Justicia y Educación Pública para su análisis, y la legisladora indicó que deberá avanzar en la Comisión de Justicia antes de llegar al Pleno. No existe confirmación de que las nuevas penas hayan entrado en vigor. El debate coloca sobre la mesa dos obligaciones que deben coexistir: proteger a niñas, niños y adolescentes mediante investigaciones efectivas y garantizar que los trabajadores de la educación no sean condenados anticipadamente. El resultado dependerá de la discusión legislativa y de las garantías incorporadas al texto final.
Redacción: Web del Maestro CMF
