En Lima, Perú, el Ministerio de Educación prepara nuevas disposiciones para enfrentar los casos graves de violencia protagonizados por estudiantes dentro de las instituciones educativas. El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, anunció que las medidas buscarán otorgar mayores herramientas a directores y docentes para aplicar sanciones escalonadas, que podrían llegar hasta la separación del estudiante de su colegio. El planteamiento fue expuesto ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso y surge en medio de la preocupación generada por recientes episodios de violencia escolar, entre ellos el grave caso registrado en el Colegio Liceo Naval.
La propuesta supone un cambio relevante en la manera de abordar determinadas faltas disciplinarias, aunque la separación de un estudiante no significaría privarlo de su derecho a continuar estudiando. Según explicó Chang, las disposiciones establecerían respuestas diferentes de acuerdo con la gravedad de cada conducta. En los casos que requieran apartar al presunto agresor de su institución educativa, se contemplarían alternativas para garantizar la continuidad de su formación. El objetivo declarado es impedir que estudiantes afectados por hechos graves tengan que permanecer cotidianamente en el mismo espacio escolar con quienes los agredieron, al tiempo que se mantiene la atención educativa del alumno involucrado.
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Separar al agresor sin interrumpir su educación
Chang resumió uno de los criterios que orientará las nuevas disposiciones al señalar: “No podemos tener a un agresor al costado del agredido”. El ministro precisó que esta separación no supone necesariamente expulsar al estudiante del sistema educativo, pues podrían habilitarse otras modalidades para continuar sus estudios. Entre las posibilidades mencionadas se encuentran la educación básica alternativa y la enseñanza remota, dependiendo de las disposiciones que finalmente sean aprobadas y de las características del caso. La propuesta coloca así en el centro de la discusión la protección de la víctima, pero también la obligación del Estado de preservar el acceso a la educación.
El Ministerio de Educación también plantea fortalecer la autoridad de los directores y docentes frente a situaciones que alteren gravemente la convivencia escolar. La intención anunciada es que las instituciones cuenten con mecanismos suficientemente claros para intervenir ante conductas violentas y adoptar medidas proporcionales a la gravedad de los hechos. El enfoque no se limitaría a una respuesta disciplinaria inmediata, sino que buscaría articular prevención, atención y actuación institucional. En ese proceso, las autoridades educativas deberán conciliar varios principios fundamentales: la seguridad de las víctimas, el debido tratamiento de cada caso, la convivencia escolar y el derecho de niños y adolescentes a continuar recibiendo educación.
Para diseñar estos mecanismos, el Minedu anunció que convocará al Colegio de Psicólogos del Perú, especialistas y representantes de la comunidad educativa. Su participación estará orientada a construir procedimientos de prevención, atención y respuesta frente a situaciones de violencia escolar. Esta intervención especializada resulta especialmente relevante porque los conflictos graves dentro de una institución educativa no se resuelven únicamente mediante sanciones. También requieren evaluación de los factores que rodean cada episodio, acompañamiento a los estudiantes afectados y medidas que reduzcan la posibilidad de nuevas agresiones. La respuesta institucional deberá establecer responsabilidades sin perder de vista la dimensión formativa que corresponde al sistema educativo.
Entre los principales aspectos anunciados por el Ministerio de Educación se encuentran:
- La aplicación de sanciones escalonadas según la gravedad de las faltas disciplinarias.
- La posibilidad de separar de la institución educativa a estudiantes involucrados en actos graves de violencia.
- La continuidad educativa mediante alternativas como educación básica alternativa o modalidad remota.
- El fortalecimiento de las facultades de directores y docentes para responder ante hechos de violencia.
- La participación de psicólogos, especialistas y representantes de la comunidad educativa en el diseño de mecanismos de prevención y atención.
La violencia escolar obliga a revisar los mecanismos de respuesta
Las medidas anunciadas se producen en un escenario de especial preocupación por la seguridad y convivencia dentro de las escuelas peruanas. El sistema educativo ya dispone de mecanismos para reportar y atender presuntos hechos de violencia, entre ellos el portal SíseVe, que permite registrar situaciones de violencia física, psicológica y sexual. Los reportes activan procedimientos de atención y seguimiento destinados a proteger a los estudiantes afectados y garantizar la continuidad de sus estudios. El nuevo planteamiento gubernamental pretende complementar estos instrumentos con reglas que permitan responder con mayor claridad cuando la gravedad de una conducta haga inviable la permanencia conjunta del presunto agresor y la víctima.
La participación de las familias también fue señalada como un componente necesario. Chang exhortó a los padres a involucrarse en la formación integral y en valores de sus hijos, situando la prevención de la violencia como una responsabilidad que trasciende las aulas. La convivencia escolar depende de normas institucionales y protocolos, pero también de la coordinación entre escuela y hogar ante comportamientos que pueden afectar a otros estudiantes. En ese sentido, cualquier régimen de sanciones deberá acompañarse de acciones preventivas, orientación y seguimiento que permitan identificar tempranamente conflictos, evitar su escalamiento y proteger a quienes puedan encontrarse expuestos a situaciones de intimidación, hostigamiento o agresión.
Minedu también prepara reglas para el uso de celulares
El anuncio sobre convivencia escolar estuvo acompañado por otra medida que tendrá impacto en la vida cotidiana de los colegios. El ministro informó que el Gobierno prepara disposiciones para regular el uso de teléfonos móviles dentro de las instituciones educativas. Chang recordó que en 2025 fue aprobada una ley que restringe el uso de estos dispositivos en los colegios, pero indicó que todavía requiere reglamentación. Durante su exposición mencionó experiencias desarrolladas en países de la Unión Europea relacionadas con las restricciones al acceso de niños y adolescentes a pantallas y redes sociales, incluso cuando determinadas herramientas digitales son utilizadas con propósitos académicos.
Estas decisiones forman parte de una discusión más amplia sobre cómo garantizar entornos educativos seguros sin desconocer los derechos de los estudiantes. Las disposiciones anunciadas todavía deberán concretarse en reglas que definan procedimientos, responsabilidades y criterios para determinar cuándo corresponde una determinada medida disciplinaria. El desafío será establecer respuestas proporcionales que protejan a las víctimas, permitan actuar oportunamente a las autoridades escolares y aseguren la continuidad educativa de todos los involucrados. La propuesta del Minedu abre así una nueva etapa en el tratamiento de la violencia escolar en Perú, colocando nuevamente en debate la autoridad docente, la responsabilidad familiar y los límites necesarios para preservar una convivencia segura.
Redacción: Web del Maestro CMF
