China ha convertido la relación de niños y adolescentes con las pantallas y la lectura en un asunto de política pública. Desde Pekín, el Gobierno chino ha desarrollado durante los últimos años un marco regulatorio que combina protección de menores en internet, herramientas para limitar el tiempo de uso de dispositivos y una nueva normativa nacional destinada a promover la lectura. La estrategia no equivale a haberles “quitado el teléfono” a todos los menores, como suele resumirse en redes sociales, pero sí representa una intervención estatal considerablemente más amplia que la aplicada en numerosos países occidentales.
Las medidas se han construido de manera progresiva. China aprobó un reglamento específico para la protección de menores en internet que entró en vigor en enero de 2024 y estableció obligaciones para plataformas, proveedores de servicios, escuelas y familias. Posteriormente, las autoridades desarrollaron un “modo para menores” destinado a teléfonos inteligentes, aplicaciones y tiendas digitales, con herramientas de control parental y restricciones diferenciadas según la edad. El objetivo declarado es reducir los riesgos de adicción, limitar la exposición a contenidos perjudiciales y proporcionar a las familias instrumentos concretos para administrar el acceso digital de niños y adolescentes.
Límites de pantalla diferentes según la edad
Uno de los aspectos más llamativos es el establecimiento de tiempos recomendados dentro del modo para menores. Para usuarios menores de 16 años, el sistema establece por defecto un máximo recomendado de una hora diaria; entre los 16 y los 18 años, el límite recomendado asciende a dos horas. Además, después de 30 minutos continuos de utilización, el dispositivo debe emitir un recordatorio de descanso. Entre las 22:00 y las 6:00, el modo restringe por defecto determinados servicios, aunque existen mecanismos para que los padres autoricen excepciones cuando corresponda.
La precisión resulta importante porque estas disposiciones no significan que todos los adolescentes chinos tengan prohibido utilizar un teléfono durante más de dos horas al día. Los límites forman parte del sistema de protección para menores y contemplan excepciones y autorizaciones parentales. Aun así, muestran una decisión regulatoria clara: trasladar parte de la responsabilidad del autocontrol individual hacia fabricantes, plataformas, familias y autoridades. Las normas también exigen medidas contra productos diseñados para generar dependencia y obligan a determinados servicios digitales a incorporar mecanismos específicos de administración del tiempo, contenidos, funciones y consumo de los menores.
El contraste con Estados Unidos ayuda a dimensionar el debate, aunque los datos disponibles no deben interpretarse como una comparación directa con la regulación china. Un estudio de Common Sense Media encontró que en 2021 los adolescentes estadounidenses de 13 a 18 años consumían un promedio de 8 horas y 39 minutos diarios de entretenimiento mediante pantallas, sin incluir el tiempo dedicado a tareas escolares. La cifra había aumentado desde las 7 horas y 22 minutos registradas en 2019. El dato muestra hasta qué punto las pantallas ocupan una parte sustancial de la vida cotidiana de los adolescentes.
China da un segundo paso: promover la lectura
La estrategia china no se limita a restringir determinadas prácticas digitales. El 1 de febrero de 2026 entró en vigor el Reglamento para la Promoción de la Lectura Nacional, aprobado previamente por el Consejo de Estado y promulgado mediante un decreto firmado por el primer ministro Li Qiang. La normativa contiene 45 artículos y establece responsabilidades gubernamentales para fomentar hábitos lectores, ampliar servicios públicos y facilitar el acceso a libros y espacios de lectura. También dispone que la cuarta semana de abril de cada año sea dedicada oficialmente a actividades nacionales relacionadas con la lectura.
El reglamento plantea una intervención que abarca infraestructura, publicaciones, bibliotecas, servicios digitales y grupos específicos de la población. Entre sus principales líneas de actuación aparecen:
- mejorar y ampliar las instalaciones públicas destinadas a la lectura;
- facilitar servicios gratuitos o accesibles en bibliotecas y otros espacios públicos;
- promover publicaciones consideradas de calidad;
- impulsar actividades de lectura entre niños y adolescentes;
- integrar recursos tradicionales y digitales para ampliar el acceso a contenidos.
La política, por tanto, busca que la promoción de la lectura forme parte de una estructura permanente de actuación pública, y no solamente de campañas educativas ocasionales.
La combinación de ambas políticas permite identificar un planteamiento más amplio: restringir determinados usos digitales considerados problemáticos mientras se intenta fortalecer alternativas culturales y educativas. En el caso de los menores, las escuelas también tienen responsabilidades. La normativa de protección en internet establece que deben desarrollar la alfabetización digital, regular adecuadamente el uso de terminales inteligentes durante la jornada escolar y ayudar a los estudiantes a adquirir hábitos saludables. Los padres, por su parte, deben supervisar el comportamiento digital de sus hijos y organizar razonablemente su tiempo de conexión, de modo que la responsabilidad no recaiga exclusivamente sobre el Estado.
El dato de PISA que necesita una aclaración
Relacionar directamente estas medidas con los resultados de China en las pruebas PISA exige cautela. En PISA 2018 participaron Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang, territorios que obtuvieron resultados destacados, pero esos datos no representaban automáticamente a toda la población escolar china. Además, esas mismas regiones estaban previstas para participar en PISA 2022, pero no pudieron realizar la recolección de datos debido al cierre de escuelas durante el periodo programado. Por ello, no existe un resultado nacional chino de PISA 2022 que permita afirmar que las actuales restricciones de pantallas produjeron posteriormente una mejora determinada en esa evaluación.
Lo que sí puede afirmarse es que China ha decidido intervenir mediante regulación en dos cuestiones que preocupan crecientemente a familias y sistemas educativos: el uso intensivo de dispositivos digitales y la pérdida del hábito lector. Sus medidas pueden generar debates legítimos sobre libertad individual, intervención estatal, responsabilidad familiar y alcance de la regulación tecnológica. Sin embargo, más allá de esas diferencias, el caso chino plantea una discusión que trasciende sus fronteras: hasta qué punto una sociedad debe limitar, postergar o acompañar el acceso digital de los menores y qué políticas concretas está dispuesta a desarrollar para devolver espacio cotidiano a la lectura.
Redacción: Web del Maestro CMF
