Atentados simultáneos recrudecen la violencia en Colombia y evidencian la fragilidad del Estado

Dos ataques simultáneos, atribuidos a disidencias de las FARC, estremecieron a Colombia y encendieron las alarmas sobre el rumbo de la seguridad nacional. La magnitud de los hechos —un atentado con explosivos contra una base militar en Cali que dejó seis muertos y el derribo de un helicóptero policial en Antioquia con doce agentes fallecidos— revela un preocupante avance del conflicto hacia escenarios urbanos y la pérdida de capacidad del Estado para contenerlo.

Una nueva ola de terrorismo urbano

El ataque en Cali marca un punto de inflexión. Durante años, la violencia se había concentrado en zonas apartadas como el Catatumbo, Cauca o Putumayo, mientras que las grandes ciudades se mantenían relativamente al margen. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como una “reacción terrorista” tras los golpes propinados a la columna Carlos Patiño en el cañón del Micay. Su ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, reforzó el mensaje al declarar que las disidencias de alias Iván Mordisco, junto con el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, serán consideradas “organizaciones terroristas perseguibles en cualquier parte del planeta”.

Este endurecimiento del discurso plantea interrogantes sobre el futuro de los diálogos abiertos con actores ilegales, como los que el Gobierno adelantaba con el Clan del Golfo. La tensión entre la negociación y la ofensiva militar vuelve a situar a Colombia en un escenario ambiguo y frágil.

El símbolo debilitado del poder aéreo

El derribo del helicóptero en Amalfi, Antioquia, profundiza esa fragilidad. La aeronave fue alcanzada por un dron que impactó en el rotor de la cola, lo que expuso la vulnerabilidad de una flota que en su momento fue símbolo de la superioridad del Estado sobre las guerrillas. Hoy, según expertos, solo una cuarta parte de los helicópteros está operativa, debido a la obsolescencia, falta de mantenimiento y restricciones derivadas de sanciones internacionales a proveedores rusos. Este debilitamiento ha reducido la capacidad del Estado para responder con eficacia a las ofensivas armadas.

El regreso de la violencia masiva

Aunque el país no vive la intensidad de los años noventa, cuando Pablo Escobar llevó el terrorismo urbano a su punto máximo, ni los picos de masacres a inicios del 2000, la tendencia actual es alarmante. El Comité Internacional de la Cruz Roja habla de hasta ocho conflictos simultáneos en el país, alimentados por rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y la trata de personas. El atentado de Cali, sumado al uso de drones contra fuerzas militares, muestra un cambio cualitativo en la confrontación que amenaza con extender la guerra nuevamente a las ciudades.

El reto del gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro enfrenta un escenario complejo: las encuestas revelan que la seguridad es la principal preocupación de los colombianos, con niveles de inquietud no vistos desde antes del Acuerdo de Paz de 2016. Su intento inicial de diálogo con las disidencias se ha visto frustrado por la Operación Perseo y la posterior respuesta violenta de los grupos armados. El ataque del 22 de agosto confirma que, más allá del discurso, el Estado está siendo desafiado en su legitimidad y capacidad de protección.

Colombia atraviesa un momento crítico. Los atentados de Cali y Antioquia evidencian que las disidencias han recuperado fuerza y buscan proyectar poder más allá de sus territorios. Al mismo tiempo, dejan en evidencia el deterioro de las capacidades militares del Estado y la dificultad de mantener el equilibrio entre negociación y confrontación. El país se asoma a una nueva fase de violencia que amenaza con borrar los avances logrados tras el Acuerdo de Paz, devolviendo a la sociedad urbana al espectro del terrorismo que creía superado.