El Ministerio de Educación del Perú anunció que restablecerá las expulsiones escolares para estudiantes que cometan faltas graves, una decisión que surge después del caso del Liceo Naval y que vuelve a colocar la disciplina, la autoridad docente y la convivencia escolar en el centro del debate educativo. El ministro de Educación, José Antonio Chan, confirmó, según declaraciones difundidas por el programa Ocurre Ahora, que el Gobierno prepara un reglamento para regular esta medida en las instituciones educativas del país. La iniciativa contempla definir las conductas sancionables y establecer un procedimiento para su aplicación.
La decisión representa un cambio importante en el tratamiento de las faltas disciplinarias dentro de los colegios peruanos. Durante los últimos años, las discusiones sobre convivencia escolar han enfrentado dos preocupaciones: garantizar los derechos de los estudiantes y proporcionar a las instituciones herramientas efectivas para responder ante comportamientos que comprometan la seguridad de la comunidad educativa. El retorno de las expulsiones plantea la posibilidad de aplicar sanciones más severas, aunque todavía será necesario conocer las condiciones, los límites y las garantías contempladas en el reglamento. La medida también reabre el debate sobre cómo intervenir cuando las estrategias de orientación y corrección resultan insuficientes.
El Gobierno confirma que las expulsiones escolares volverán a aplicarse
El anuncio fue realizado por el ministro José Antonio Chan, quien explicó que el Ejecutivo tenía previsto presentar la prepublicación del reglamento un jueves, con el objetivo de recibir observaciones antes de aprobar su versión definitiva. Ante la consulta periodística sobre el retorno de las expulsiones, respondió categóricamente: «Totalmente». Según sus declaraciones, el procedimiento contemplaba un periodo aproximado de cinco a diez días para recoger aportes y continuar con la publicación oficial. El ministro sostuvo, además, que la disposición comenzaría a regir durante el mismo año del anuncio, aunque no precisó una fecha definitiva de entrada en vigor.
La nueva regulación estará dirigida a las faltas consideradas graves, cuya definición será fundamental para determinar el alcance real de las expulsiones. No todas las conductas inadecuadas pueden recibir la misma sanción, por lo que el reglamento deberá precisar qué situaciones justifican una medida de esta naturaleza y cómo se garantizará una evaluación individual de los hechos. También será necesario esclarecer las responsabilidades de las autoridades escolares, los mecanismos de defensa de los estudiantes y las alternativas que permitan asegurar la continuidad de sus estudios. La expulsión constituye una intervención de consecuencias importantes y requiere criterios objetivos para evitar decisiones arbitrarias.
El caso Liceo Naval reabre el debate sobre los límites de la disciplina
El anuncio gubernamental se produce después del denominado caso Liceo Naval, un episodio que adquirió relevancia pública y motivó nuevas discusiones sobre las respuestas institucionales ante situaciones graves dentro de los establecimientos educativos. Según el informe televisivo, transcurrieron casi tres semanas desde aquel caso hasta la confirmación ministerial sobre el retorno de las expulsiones. El incidente se convirtió en un punto de referencia para discutir si las herramientas disciplinarias existentes resultan suficientes para proteger la convivencia escolar. Sin embargo, el material difundido no detalla los hechos investigados ni permite establecer responsabilidades, por lo que corresponde evitar conclusiones anticipadas.
La investigación relacionada con el Liceo Naval continúa siendo otro componente importante de esta controversia. El programa Ocurre Ahora informó que se encontraba prevista una audiencia judicial y que sus periodistas habían accedido a testimonios de personas adultas vinculadas al caso, incluida la directora del colegio. También mencionó cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía, sin proporcionar en el fragmento difundido elementos suficientes para determinar su fundamento. La investigación de los hechos y la elaboración de nuevas normas disciplinarias son procesos distintos, aunque el debate público los haya relacionado. Las decisiones sobre responsabilidades deberán sustentarse en las pruebas y procedimientos correspondientes.
Padres de familia respaldan el retorno de las sanciones
La propuesta recibió expresiones de respaldo de padres de familia entrevistados por el medio televisivo, quienes consideran que la disciplina escolar se ha debilitado con el paso de los años. Algunos compararon la educación actual con la de generaciones anteriores, cuando las expulsiones y otras sanciones eran percibidas como instrumentos habituales para corregir comportamientos. Uno de los entrevistados manifestó su preocupación por la pérdida de autoridad y afirmó que determinadas situaciones estaban empeorando. Estas opiniones reflejan la demanda de algunos sectores por recuperar límites claros dentro de las escuelas, aunque no permiten establecer que exista un respaldo generalizado entre todas las familias peruanas.
El respaldo a sanciones más estrictas también plantea una discusión sobre la diferencia entre ejercer autoridad y recurrir al castigo como principal respuesta educativa. La disciplina escolar requiere normas comprensibles, consecuencias proporcionales y procedimientos conocidos por estudiantes, docentes y familias. Proteger los derechos del alumnado no significa impedir que las instituciones intervengan frente a conductas graves, del mismo modo que establecer sanciones no autoriza prácticas humillantes, discriminatorias o contrarias al derecho a la educación. El desafío consiste en construir mecanismos que permitan actuar oportunamente, proteger a las posibles víctimas y evitar que los conflictos escalen por falta de respuestas institucionales.
El Ministerio de Educación también busca recuperar colegios ocupados
El ministro realizó estas declaraciones durante una intervención destinada a recuperar la cancha deportiva del colegio Mariano Melgar, ubicado en el distrito limeño de Breña. Según el reportaje, el espacio había permanecido ocupado durante más de una década por grupos que lo utilizaban para alquilar instalaciones destinadas a partidos recreativos de fútbol. La recuperación de ambientes escolares constituye otra de las prioridades anunciadas por el Ministerio de Educación, debido a que la ocupación irregular limita el aprovechamiento de instalaciones destinadas a las actividades educativas. La intervención permitió relacionar el anuncio disciplinario con otras acciones orientadas a recuperar espacios institucionales.
De acuerdo con las cifras comunicadas en el informe, 58 colegios del país presentaban algún grado de ocupación parcial de sus instalaciones. El Ministerio de Educación había establecido como meta recuperar 15 de esos establecimientos antes de finalizar el año, mediante procedimientos respaldados por mandatos judiciales. Estas cifras corresponden al momento del reportaje y no acreditan por sí mismas la situación actual de los inmuebles. La recuperación de infraestructura educativa y el fortalecimiento de la convivencia escolar responden a necesidades diferentes, pero ambas inciden en las condiciones de funcionamiento de los colegios. Garantizar espacios disponibles, seguros y apropiados también forma parte de las responsabilidades estatales.
La expulsión escolar deberá conciliar disciplina y derecho a la educación
El regreso anunciado de las expulsiones abre una etapa de discusión sobre los límites de la autoridad escolar en el Perú. Una institución educativa necesita herramientas para actuar frente a faltas graves, pero también debe garantizar que cualquier sanción respete la proporcionalidad, el debido procedimiento y el derecho a la educación. La publicación del reglamento será decisiva para conocer qué conductas podrán motivar una expulsión y qué garantías acompañarán su aplicación. Por ahora, el anuncio ministerial establece una intención regulatoria, no la acreditación de una norma vigente. El verdadero alcance de la medida dependerá del texto finalmente aprobado y de su implementación en los colegios.
Actualización y verificación: Las fuentes publicadas entre el 6 y el 7 de octubre de 2026 confirman el anuncio. El nombre correcto del ministro es José Antonio Chang, no Chan. También precisan que el Gobierno contempla sanciones progresivas, desde amonestaciones hasta expulsiones, y alternativas educativas para los estudiantes separados de sus colegios.
La información está respaldada por el Ministerio de Educación y por medios peruanos. Sin embargo, el anuncio no debe presentarse todavía como una expulsión escolar plenamente vigente sin verificar la publicación y entrada en vigor de la norma definitiva.
Redacción: Web del Maestro CMF
