El 28 de mayo de 2025, la justicia francesa dictó sentencia contra uno de los criminales sexuales más infames en la historia médica del país: Joël Le Scouarnec, cirujano retirado, fue condenado a 20 años de prisión tras confesar haber abusado sexualmente de 299 pacientes, en su mayoría niñas y niños menores de 15 años. Los abusos ocurrieron durante más de dos décadas en hospitales públicos del oeste de Francia, mientras muchas víctimas se encontraban bajo anestesia o despertando de una cirugía.
Sin embargo, la pregunta que ha circulado con furia en redes, calles y medios de comunicación es inevitable:
¿Por qué solo 20 años? ¿Por qué no cadena perpetua o una condena acumulativa mayor ante semejante horror?
Un juicio histórico, una condena limitada
Le Scouarnec, hoy de 74 años, se enfrentó a un juicio que duró varios meses, donde no negó los crímenes. Por el contrario, admitió las violaciones y agresiones sexuales, no solo de las víctimas reconocidas por la justicia, sino de muchas más cuyos casos ya habían prescrito y no pudieron ser juzgados.
Durante el proceso, el tribunal penal de Morbihan decidió imponer la pena máxima prevista en el código penal francés para este tipo de acumulación de delitos: 20 años de prisión, con la obligación de cumplir al menos dos tercios (13 años y 4 meses) antes de poder solicitar libertad condicional.
La Fiscalía no pidió cadena perpetua porque el sistema judicial francés no permite sumar indefinidamente las condenas por cada víctima, sino que establece un límite de pena según la categoría penal del delito y la edad del acusado. Es decir, aunque haya casi 300 víctimas, la ley no contempla 300 condenas independientes ni acumulación total.
El pasado que el sistema ignoró
Este no fue el primer paso de Le Scouarnec por los tribunales. En 2005, fue condenado por posesión de pornografía infantil, pero la pena fue suspendida y nunca se le retiró su licencia médica. Continuó operando niños en hospitales públicos hasta que finalmente fue arrestado en 2017. En 2020, fue condenado a 15 años de cárcel por abusar de cuatro menores, dos de ellas sus sobrinas.
Este historial oscuro generó fuertes críticas a las autoridades sanitarias y judiciales. ¿Cómo pudo un médico condenado por delitos sexuales seguir operando niños por más de una década? La respuesta está en una cadena de omisiones, silencio institucional y una burocracia que, como señaló el fiscal Stéphane Kellenberger, “traslada las responsabilidades hasta que desaparecen”.
El juicio que no quiso ser espejo del sistema
Aunque las víctimas esperaban que el juicio de 2025 no solo juzgara al hombre, sino también al sistema que lo encubrió, el proceso se limitó únicamente a Le Scouarnec. Ni los hospitales que lo emplearon, ni las autoridades que omitieron actuar, ni los supervisores que miraron hacia otro lado fueron procesados. El fiscal lo reconoció con crudeza:
“Este juicio podría haber servido como un laboratorio al aire libre para exponer las graves fallas de nuestras instituciones”. Pero no lo fue.
Una confesión que no repara el daño
En la apertura del juicio, Le Scouarnec declaró:
“Soy consciente de que el daño que he causado es irreparable”.
“Le debo a todas estas personas y a sus seres queridos admitir mis actos y sus consecuencias, que han sufrido y seguirán sufriendo toda su vida”.
Pero las víctimas no buscan solo confesiones. Buscan verdadera justicia, garantías de no repetición y responsabilidades compartidas, especialmente de quienes permitieron que este hombre siguiera operando impunemente.
Una sentencia legalmente correcta, socialmente insuficiente
La indignación no nace solo del número de años impuestos, sino de lo que simboliza:
- Que una vida entera de abusos puede traducirse en una condena limitada por tecnicismos legales.
- Que la justicia no alcanzó a quienes debieron proteger a los niños.
- Que las víctimas siguen sintiendo que el sistema les dio la espalda.
Conclusión
El caso de Joël Le Scouarnec deja un mensaje perturbador: la ley puede cumplirse, pero eso no siempre significa que se haya hecho justicia. La pena de 20 años fue el máximo posible según el marco legal francés. No fue un indulto, ni una rebaja injustificada. Fue el reflejo de un sistema que, aunque castiga al criminal, no ha reformado las grietas que lo protegieron durante décadas.
Las víctimas, sus familias y la sociedad francesa siguen esperando algo más que una sentencia: esperan responsabilidad institucional, cambios en el sistema de salud y justicia, y un verdadero compromiso por no volver a permitir que el “diablo de la bata blanca” tenga relevo.
REDACCIÓN WEB DEL MAESTRO CMF
