Un reciente fallo inédito a favor de la implementación de la educación inclusiva por parte del Gobierno porteño pone en evidencia los tantos obstáculos y barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Por qué necesitamos avanzar hacia una educación inclusiva de calidad.
El rechazo constante que enfrentan las familias de personas con discapacidad en el ámbito educativo se manifestó en un último fallo mediante el cual la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al Gobierno porteño la implementación de medidas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas privadas. Fue con el objetivo de evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en el contexto de un amparo colectivo iniciado en 2019 desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA.
“No tenemos vacante”, “no estamos preparados” son algunas de las excusas que las escuelas regulares ponen ante la incorporación de alumnos con discapacidad. Aún vinculada a la “educación especial”, la inclusión escolar de las personas con discapacidad es uno de los más grandes desafíos que tenemos como sociedad. Anclado en una conceptualización desde la falla y la falencia, pareciera predominar un modelo, avalado por el Estado históricamente, que invita a la segregación y aislamiento más que a la inclusión y a la convivencia. Incluso desde su nombre el cual desde su concepto de “especial” manifiesta una connotación separatista pues las personas con discapacidad no somos de ningún modo “especiales” ni formamos parte de otro mundo. Por el contrario, vivimos en el mismo que todas las personas. Así es que la educación es siempre especial en tanto cada alumno o alumna lo es sin importar su condición o circunstancias. Por eso, hablamos de una apuesta histórica que deberíamos revisar y redefinir en un contexto donde hablar de diversidad resulta ser moneda corriente.
Sin duda, el debate vigente tiene que ver con una nueva óptica centrada, por un lado, en el derecho de todas las personas a la educación, incluyendo a las personas con discapacidad quienes la mayoría de las veces no lo ven garantizado especialmente a la hora de buscar vacante en cualquier escuela. Sin embargo, esto se expresa en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual además obliga a los Estados partes a respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción. Entonces, hablar de educación inclusiva supone ofrecer los ajustes y apoyos necesarios, atender las singularidades y necesidades del alumnado, que no es de ningún modo “especial” sino que solamente requiere de diferentes y particulares formas de abordarlo.
Por otro lado, cabe plantearnos: ¿el modelo de educación inclusiva implica dejar atrás la especificidad y el gran apoyo para todas las personas con discapacidad que brinda la llamada “Educación especial”? ¿Estamos preparados para afrontar los recursos económicos, la formación, los apoyos necesarios que implica apostar a una plena educación inclusiva? Claramente trabajar para que así sea es un deber y responsabilidad de todos principalmente del Estado. Para lograrlo, hace falta el intercambio, brindar nuevas propuestas educativas, evaluar políticas de formación y capacitación que promuevan la inclusión.
Algo es seguro. Y es el gran beneficio que implica para la sociedad entera adentrarnos en un modelo de educación inclusiva que contemple al alumno con discapacidad como parte de la diversidad, atendiendo a sus necesidades y apoyos. Eliminando etiquetas y prejuicios (“no puede”, “no va a llegar”, “no le da”), asumiendo sus ritmos y tiempos mientras que facilitamos la convivencia con otros niños a través de diferentes propuestas educativas. Una propuesta que enriquece formando niños y niñas más humanos, solidarios y empáticos así como adultos más responsables y comprometidos con la diversidad.
Será, entonces, la comunidad educativa la que deberá adaptar el entorno al alumno con discapacidad con acompañamiento, y no al revés, para que el sistema verdaderamente pueda alojar a la persona, contenerla y brindarle oportunidades reales de inclusión y aprendizaje. Únicamente concibiendo al alumno con discapacidad como una persona que es sujeto de derechos, y no como una falla o problema, podremos garantizar una educación de calidad para todas las personas.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Ámbito en la siguiente dirección: ambito.com | Por Daniela Aza
