La reciente destitución del presidente interino José Jerí marca un episodio de alta tensión política en el Perú. A solo cuatro meses y una semana de haber asumido la Presidencia de la República por sucesión constitucional, tras la vacancia de Dina Boluarte, el Congreso aprobó su censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El motivo central fueron las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario Zhihua Yang, proveedor del Estado, lo que generó cuestionamientos sobre transparencia, idoneidad y conducta funcional.
Este caso no solo representa la caída de un mandatario, sino que reabre un debate de fondo sobre los límites constitucionales entre la figura de la vacancia y la censura, así como el alcance del control político que ejerce el Congreso sobre quien, simultáneamente, era titular del Parlamento y presidente de la República.
El origen de la crisis: reuniones no registradas y cuestionamientos políticos
Las mociones de censura fueron impulsadas por diversas bancadas parlamentarias tras conocerse que Jerí sostuvo encuentros con un empresario vinculado a contrataciones con el Estado sin que estas reuniones fueran consignadas oficialmente. Este hecho fue interpretado por varios congresistas como una falta grave de transparencia y una señal de posible conflicto de intereses.
En total, se presentaron siete mociones de censura entre el 21 y el 27 de enero. Todas fueron admitidas a trámite y acumuladas para un solo debate en sesión extraordinaria. La pluralidad de fuerzas políticas que respaldaron la medida evidencia que la crisis superó alineamientos partidarios y se convirtió en un asunto de gobernabilidad y confianza institucional.
Censura o vacancia: el debate constitucional
Uno de los puntos más controvertidos fue el procedimiento empleado. La bancada de Somos Perú, junto con Fuerza Popular, sostuvo que la figura correcta para retirar a Jerí del cargo era la vacancia presidencial, regulada en el artículo 113 de la Constitución, y no la censura. Argumentaron que aplicar esta última a un presidente en funciones podría constituir una transgresión constitucional.
Sin embargo, la mayoría del Congreso rechazó esta postura. La cuestión de orden presentada para impedir el trámite de censura fue desestimada con 71 votos en contra. Finalmente, prevaleció la interpretación de que, al haber sido elegido como presidente del Congreso y asumir la jefatura del Estado por sucesión constitucional, podía ser sometido al mismo mecanismo de control político que lo llevó al cargo.
Este episodio revela una zona gris del sistema político peruano, donde la superposición de funciones —legislativas y ejecutivas— genera tensiones interpretativas que pueden desembocar en crisis institucionales.
El procedimiento parlamentario y la decisión final
La sesión extraordinaria se desarrolló en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, debido a trabajos de adecuación en la sede principal del Congreso. Con la asistencia de 87 congresistas, se dio lectura a las siete mociones y cada una fue admitida a debate por mayoría simple.
Durante el debate, se acordó una intervención limitada en el tiempo, lo que permitió una votación relativamente rápida. La censura fue aprobada con 75 votos a favor, superando ampliamente la mayoría requerida. Con ello, Jerí quedó formalmente destituido del cargo.
El presidente del Congreso encargado, Fernando Rospigliosi, anunció que la elección del nuevo titular de la Mesa Directiva —quien asumirá la Presidencia de la República— se realizará al día siguiente. Este mecanismo reafirma la lógica de sucesión constitucional vigente en el país.
Implicancias políticas e institucionales
Más allá del desenlace inmediato, el caso deja varias interrogantes relevantes. En primer lugar, pone en evidencia la fragilidad del equilibrio entre poderes cuando existen ambigüedades normativas en los mecanismos de control político. En segundo lugar, confirma que el Congreso mantiene una posición decisiva en la estabilidad del Ejecutivo.
Asimismo, la rapidez del proceso y la amplia votación a favor reflejan un consenso político significativo en torno a la pérdida de confianza en el mandatario. No obstante, también expone el riesgo de que las herramientas constitucionales se conviertan en instrumentos de alta volatilidad política si no existe un marco interpretativo claro y compartido.
El Perú vuelve así a enfrentar un escenario de transición acelerada, donde la continuidad institucional depende de la capacidad del sistema político para sostener reglas claras, procedimientos legítimos y decisiones respaldadas por fundamentos constitucionales sólidos. La destitución de José Jerí no solo es un hecho político coyuntural; es un episodio que obliga a revisar con rigor el diseño y la práctica del control democrático en el país.
Redacción | Web del Maestro CMF
