En España, el Consejo Escolar del Estado ha respaldado sin votos en contra el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno para reducir el número de alumnos por aula y disminuir las horas lectivas del profesorado, una medida que, según el Ministerio de Educación, busca mejorar la calidad de la enseñanza y reducir la sobrecarga docente. La ministra Milagros Tolón defendió la iniciativa señalando que la bajada de ratios permitirá una atención más personalizada al alumnado, mientras que la reducción de horas lectivas contribuirá a mejorar las condiciones laborales del profesorado.
Respaldo institucional unánime
El apoyo sin oposición del Consejo Escolar del Estado —máximo órgano consultivo en materia educativa— constituye un hecho políticamente relevante. El dictamen fue aprobado sin ningún voto en contra, incluyendo a representantes vinculados a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Este consenso refuerza las posibilidades de que el texto avance en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno enfrenta una mayoría parlamentaria inestable.
Reducción concreta de ratios y carga lectiva
El anteproyecto establece que el número máximo de estudiantes por aula será de 22 en Educación Infantil y Primaria y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tanto en centros públicos como concertados. Además, fija un límite de 23 horas lectivas semanales en colegios y 18 horas en institutos para el profesorado de la enseñanza pública.
Se trata de una medida estructural que busca impactar directamente en la organización escolar, facilitando una mayor atención individualizada, reduciendo la masificación en las aulas y favoreciendo un mejor clima educativo.
Aplicación en dos fases y desarrollo reglamentario
El texto prevé que las reducciones en el segundo ciclo de Infantil (3-6 años), la FP Básica y el Bachillerato se concreten mediante un decreto posterior, que deberá aprobarse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Esta fórmula en dos etapas responde a una estrategia política orientada a facilitar la aprobación parlamentaria del proyecto.
Calendario progresivo hasta 2031
La implantación será gradual: comenzará en 2027 en Infantil y Primaria, seguirá en 2028 en ESO y FP Básica, y alcanzará el Bachillerato en 2029. Para el curso 2031, la reducción deberá estar plenamente implementada en todos los niveles.
Este calendario escalonado busca garantizar una adaptación organizativa sostenible, permitiendo ajustes progresivos en plantillas, infraestructuras y planificación académica.
Dotación docente incluso sin reducción física de grupos
En los centros que no puedan reducir el número de alumnos por limitaciones de espacio, la ley contempla que reciban igualmente la dotación de profesorado correspondiente. Esto permitirá aplicar fórmulas como la codocencia, es decir, la presencia de dos docentes en el aula, reduciendo la ratio efectiva por profesor y reforzando la atención pedagógica.
La medida apunta a evitar desigualdades estructurales y asegurar que el objetivo central —mejorar la calidad educativa mediante menor carga por docente— se mantenga en todos los contextos.
Debate sindical y financiación autonómica
Durante el proceso consultivo, los sindicatos docentes propusieron ampliar la bajada de ratios al primer ciclo de Infantil (0-3 años) y al grado medio de Formación Profesional, una etapa con alta tasa de abandono. Por su parte, representantes de consejos escolares autonómicos reclamaron que la norma incluyera una dotación presupuestaria específica, argumentando el impacto económico que supondrá para las comunidades autónomas.
Aunque ninguna enmienda prosperó —al requerirse el respaldo de dos tercios del pleno—, el Ministerio ha manifestado su disposición a continuar el diálogo durante la tramitación parlamentaria.
Marco estatal con margen autonómico
La futura ley fijará ratios máximas y límites de horas lectivas de carácter estatal, pero permitirá que las comunidades autónomas establezcan condiciones más favorables si así lo deciden. Esto preserva el equilibrio entre regulación común y autonomía territorial.
En términos estructurales, la propuesta representa una reforma organizativa de gran alcance en el sistema educativo español, orientada a fortalecer la calidad, reducir la masificación y mejorar las condiciones docentes. Su aprobación marcaría un cambio significativo en la política educativa de los próximos años.
Redacción | Web del Maestro CMF | Fuente: El País
