Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México puso bajo revisión pagos por 592,3 millones de pesos correspondientes a 67.142 estudiantes del programa de becas Benito Juárez cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población. Las observaciones corresponden a los ejercicios 2024 y 2025 y forman parte de una fiscalización más amplia sobre el uso de recursos públicos federales. Los hallazgos, difundidos el 7 de octubre de 2026, también incluyen irregularidades en la entrega y activación de tarjetas del Banco del Bienestar, lo que abrió un debate sobre los mecanismos de supervisión de los apoyos educativos.
El caso adquirió relevancia por la cantidad de beneficiarios involucrados y el volumen de dinero observado. Según los resultados de la fiscalización, los pagos fueron realizados pese a que los datos de los estudiantes no pudieron validarse mediante los registros oficiales de población. Esta situación plantea interrogantes sobre los controles administrativos utilizados para comprobar la identidad de quienes reciben las becas. Sin embargo, la falta de validación no demuestra por sí sola que los alumnos sean inexistentes ni que los recursos hayan sido sustraídos. Las autoridades deben determinar si las inconsistencias responden a errores de registro, problemas de verificación u otras irregularidades.
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez forman parte de los programas sociales del Gobierno de México y tienen como objetivo apoyar económicamente a estudiantes de familias en situación de vulnerabilidad, especialmente para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos. Estos apoyos abarcan distintos niveles educativos, desde la educación básica hasta la superior, mediante programas con requisitos y montos específicos. Su finalidad es favorecer la permanencia escolar y reducir las desigualdades educativas, proporcionando recursos que contribuyan a cubrir necesidades relacionadas con la formación académica. Los pagos se realizan principalmente a través del Banco del Bienestar.
Tarjetas activas sin entregar y millones de pesos depositados
La revisión también identificó problemas en la distribución de tarjetas bancarias utilizadas para entregar los apoyos económicos. Durante 2024, el Banco del Bienestar registró 95.960 tarjetas que no habían sido entregadas a sus beneficiarios, de las cuales 94.251 aparecían como activas. Esta situación resulta especialmente relevante porque los procedimientos establecidos contemplan que la activación se realice después de que las personas reciban sus tarjetas. La diferencia entre el estado administrativo de esos instrumentos financieros y su entrega efectiva constituye uno de los principales hallazgos de la auditoría, al poner bajo revisión los mecanismos de control y seguimiento bancario.
Entre las tarjetas observadas, los auditores identificaron 1.078 cuentas que recibieron depósitos por un total de 8,6 millones de pesos, pese a las inconsistencias detectadas en su entrega. Además, la fiscalización encontró pagos por otros 8,5 millones de pesos destinados a 1.376 estudiantes de escuelas clasificadas como no prioritarias. Estos resultados amplían el alcance de las observaciones, que no se limitan a la verificación de identidad de los beneficiarios. También comprenden los criterios de asignación de recursos y el funcionamiento de los instrumentos financieros empleados para distribuir las becas entre estudiantes de diferentes niveles educativos.
Los principales hallazgos relacionados con las becas Benito Juárez comprenden:
- 592,3 millones de pesos en pagos a 67.142 estudiantes cuyos datos no fueron validados ante el Registro Nacional de Población.
- 95.960 tarjetas del Banco del Bienestar que no habían sido entregadas durante 2024.
- 94.251 tarjetas activas pese a no haber sido entregadas a sus beneficiarios.
- 8,6 millones de pesos depositados en 1.078 cuentas vinculadas a las tarjetas observadas.
- 8,5 millones de pesos pagados a 1.376 estudiantes de escuelas no prioritarias.
Los resultados adquieren especial importancia por tratarse de programas destinados a respaldar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Las becas Benito Juárez forman parte de la política federal de apoyos económicos para la educación, por lo que su administración exige procedimientos capaces de verificar la identidad de los beneficiarios, comprobar los pagos y garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen los requisitos. Cuando los registros presentan inconsistencias o las tarjetas aparecen activas sin haber sido entregadas, surgen dudas sobre la trazabilidad de los fondos y la eficacia de los mecanismos de supervisión institucional.
Las auditorías también observaron 5.639 millones de pesos en recursos públicos
Las anomalías relacionadas con las becas forman parte de una revisión gubernamental mucho más amplia. De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó observaciones por al menos 5.639 millones de pesos en diferentes programas y operaciones financiadas con recursos federales. Entre los problemas detectados figuran pagos sin comprobar, obras pagadas que no fueron ejecutadas, sobreprecios y deficiencias en la documentación del gasto. Esta cantidad no corresponde exclusivamente al programa de becas Benito Juárez, sino al conjunto de irregularidades observadas en distintas áreas de la administración pública.
Una parte importante de los montos observados corresponde a recursos federales transferidos a los estados. La fiscalización registró 48 observaciones por 1.602 millones de pesos distribuidas en ocho programas, entre ellos proyectos de infraestructura hospitalaria y agua potable. En el sector hospitalario se identificaron observaciones por 751,4 millones de pesos relacionadas con problemas de comprobación y justificación del gasto. En materia de agua potable, las observaciones alcanzaron 716,5 millones de pesos e incluyeron deficiencias en obras públicas y recursos sin comprobar. Estos hallazgos muestran que las dificultades de supervisión examinadas abarcan diferentes ámbitos del gasto gubernamental.
La revisión también detectó 161 hallazgos en obra pública federal por 979,5 millones de pesos, incluidos casos de pagos en exceso y trabajos pagados que no fueron ejecutados. En adquisiciones gubernamentales se determinaron observaciones por 259,5 millones de pesos, principalmente relacionadas con penalizaciones contractuales. Asimismo, los órganos internos de control identificaron situaciones que requieren aclaraciones en distintas instituciones federales. Aunque estas cifras representan cantidades importantes de dinero público, las observaciones administrativas no equivalen automáticamente a pérdidas definitivas ni acreditan delitos. Su situación depende de las aclaraciones, recuperaciones y resoluciones que correspondan en cada procedimiento.
El Gobierno sostiene que el presunto fraude todavía no está probado
Tras conocerse los resultados, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que las observaciones sobre las becas Benito Juárez todavía se encuentran en revisión y no constituyen una comprobación definitiva de fraude. La mandataria explicó que el procedimiento de fiscalización no había concluido y que aún estaban pendientes las respuestas correspondientes. También sostuvo que las tarjetas del Banco del Bienestar deben estar asociadas a una Clave Única de Registro de Población. Por su parte, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar indicó que la revisión se encuentra en una etapa inicial y que faltan resoluciones sobre los señalamientos.
La Coordinación Nacional de Becas también defendió los mecanismos de identificación de beneficiarios y señaló que actualmente realiza verificaciones presenciales para comprobar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. La controversia se concentra ahora en determinar el origen de las inconsistencias y establecer si existieron pagos indebidos, fallas administrativas o responsabilidades que deban investigarse. Las observaciones deberán contrastarse con los registros de población, la información bancaria y los expedientes de los estudiantes. Este proceso resulta indispensable para diferenciar los problemas documentales de posibles irregularidades financieras y establecer con precisión el destino de los recursos públicos examinados.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de los programas sociales y los controles utilizados para distribuir recursos destinados a la educación. La magnitud de las observaciones exige aclaraciones verificables, pero también distinguir entre una irregularidad detectada y un delito demostrado. Las auditorías ya identificaron inconsistencias relevantes en los registros de beneficiarios, la entrega de tarjetas y determinados pagos; sin embargo, todavía corresponde establecer cuáles de esas observaciones serán solventadas y cuáles podrían derivar en responsabilidades. Mientras continúa la revisión, la transparencia sobre el destino de los fondos será fundamental para proteger los recursos educativos y mantener la confianza en los mecanismos de apoyo estudiantil.
Redacción: Web del Maestro CMF
