El conflicto educativo en Cataluña, España, continúa intensificándose ante las exigencias de los sindicatos docentes, que reclaman una transformación de las condiciones laborales y del funcionamiento de los centros escolares. Las organizaciones Ustec, CGT e Intersindical han presentado una nueva plataforma de reivindicaciones que incluye la incorporación de aproximadamente 34.000 profesionales, la reducción del número de alumnos por aula y mayores inversiones en educación pública. Las demandas buscan reabrir las negociaciones con el Departamento de Educación de la Generalitat, después de varios meses de desacuerdos. Los sindicatos mantienen, además, una convocatoria de huelga educativa para el próximo 26 de noviembre.
Las nuevas reivindicaciones surgieron de un proceso de consulta realizado entre el profesorado desde el comienzo del curso escolar. Mediante formularios y asambleas, los docentes pudieron señalar los problemas que consideran prioritarios para mejorar el sistema educativo. Las propuestas fueron presentadas durante la Asamblea Educativa de Cataluña celebrada el 24 de octubre y difundidas posteriormente por las organizaciones sindicales. El objetivo principal es conseguir compromisos que permitan reducir la sobrecarga laboral, reforzar las plantillas y mejorar la atención al alumnado. Los representantes sindicales consideran que los acuerdos alcanzados anteriormente no han resuelto las principales dificultades que afectan a los centros educativos.
Reclaman más docentes y menos alumnos por aula
Una de las principales exigencias consiste en ampliar considerablemente las plantillas de los centros educativos. Los sindicatos solicitan 16.225 profesores adicionales, equivalentes a una propuesta de cinco docentes más por centro, junto con unas 18.000 plazas estructurales destinadas a fortalecer la educación inclusiva. Estas últimas comprenderían tanto personal docente como profesionales de atención educativa. En conjunto, las peticiones representan aproximadamente 34.000 incorporaciones, aunque las cifras corresponden a demandas sindicales y no a contrataciones aprobadas. Las organizaciones sostienen que aumentar los recursos humanos permitiría distribuir mejor las responsabilidades, atender las necesidades del alumnado y aliviar la presión sobre los equipos educativos.
La reducción de las ratios escolares constituye otra de las prioridades del profesorado movilizado. Los sindicatos proponen modificar los criterios utilizados para calcular el número de estudiantes por aula, de manera que los alumnos en situación de vulnerabilidad económica o con necesidades educativas específicas contabilicen el doble. Esta medida pretende favorecer grupos más reducidos en los centros que atienden a una mayor diversidad de necesidades. Según el planteamiento sindical, la disminución de las ratios facilitaría una atención más individualizada y mejores condiciones para desarrollar la enseñanza. Sin embargo, su aplicación dependería de futuras negociaciones y de los recursos que finalmente se asignaran al sistema educativo.
Las organizaciones también reclaman cambios en la gestión del personal que presta apoyo a estudiantes con discapacidad o determinados trastornos. Entre sus propuestas figura incorporar directamente al sistema público a los profesionales de acompañamiento educativo conocidos como vetlladores, cuyo servicio actualmente se gestiona mediante entidades externas. Los sindicatos consideran necesario reforzar la estabilidad de estos trabajadores y ampliar los recursos disponibles para la inclusión escolar. Esta reivindicación se relaciona con la petición de nuevas plazas estructurales y con la necesidad de garantizar una atención adecuada dentro de los centros. La propuesta forma parte de una demanda más amplia de fortalecimiento de la educación pública.
Salarios, burocracia e inversión educativa
Las condiciones económicas del profesorado también ocupan un lugar destacado en las negociaciones pendientes. Los sindicatos solicitan una cláusula de garantía salarial que permita actualizar las remuneraciones conforme al índice de precios al consumo, con el propósito de evitar pérdidas de poder adquisitivo. Esta exigencia se plantea pese a que los acuerdos anteriores contemplaban incrementos salariales de 400 euros mensuales distribuidos durante cuatro años. Aquellos pactos, suscritos con otras organizaciones sindicales, también incluían 5.000 nuevas dotaciones de personal y compensaciones económicas relacionadas con las pernoctaciones durante las colonias escolares. Sin embargo, los sindicatos convocantes consideran insuficientes esas medidas.
Otro de los problemas señalados es el volumen de tareas administrativas que deben asumir los docentes. La reducción de la burocracia aparece entre las demandas prioritarias, junto con una mayor inversión destinada al mantenimiento y la mejora de las infraestructuras escolares. Los representantes sindicales consideran necesario revisar la distribución de responsabilidades para que el profesorado pueda concentrar más tiempo en sus funciones educativas. También reclaman participar en las reformas curriculares y fortalecer la protección y promoción del catalán dentro del sistema educativo. Estas propuestas amplían el conflicto más allá de las condiciones salariales e incorporan cuestiones relacionadas con la organización y el funcionamiento de las escuelas.
Uno de los puntos más controvertidos afecta a la autonomía de los centros y a las atribuciones de sus equipos directivos. Las organizaciones convocantes proponen derogar los decretos de Autonomía, Dirección y Plantillas, con el objetivo de reducir determinadas facultades de gestión y decisión de las direcciones escolares. Esta reivindicación introduce diferencias con los representantes de los directores, que mantienen posiciones distintas sobre el funcionamiento institucional de los centros. El desacuerdo evidencia que el conflicto educativo no se limita a la contratación de personal o a las remuneraciones, sino que también comprende distintas perspectivas sobre la distribución del poder y las responsabilidades dentro del sistema escolar.
Los sindicatos mantienen la huelga del 26 de noviembre
El Departamento de Educación de la Generalitat, encabezado por la consejera Esther Niubó, ha mostrado resistencia a reabrir las negociaciones. La responsable educativa considera que los dos acuerdos alcanzados anteriormente agotaron el margen disponible para nuevas concesiones y había señalado la ausencia de una hoja de ruta sindical suficientemente definida. Por su parte, Ustec, CGT e Intersindical sostienen que buena parte de las medidas pactadas todavía no se han aplicado. Ante esta situación, las organizaciones han ratificado un calendario de movilizaciones que contempla concentraciones en los centros el 4 de noviembre, participación en la huelga general del día 11 y una manifestación el 21.
La jornada de huelga educativa del 26 de noviembre se mantiene como la principal convocatoria del calendario sindical, aunque su alcance dependerá de la participación efectiva del profesorado. Una consulta previa, respondida por cerca de 33.000 docentes, mostró que aproximadamente la mitad de los participantes estaba dispuesta a respaldar nuevos paros, principalmente de uno o dos días. La participación representó alrededor de un tercio del censo docente y fue inferior a la registrada en consultas anteriores. Mientras persisten las diferencias entre sindicatos y autoridades, el conflicto deja planteado un desafío central para la educación catalana: encontrar acuerdos que mejoren las condiciones del profesorado y garanticen una atención educativa adecuada para todos los estudiantes.
Redacción: Web del Maestro CMF
