Con el inicio de la nueva etapa legislativa, el Gobierno de Javier Milei comenzó a poner en agenda una serie de reformas estructurales. Entre ellas, en las últimas horas tomó estado público el proyecto denominado Ley de Libertad Educativa, impulsado por La Libertad Avanza, que propone una transformación profunda del sistema educativo argentino. Aunque todavía no tiene fecha de tratamiento parlamentario, el texto ya circula entre diputados y senadores del oficialismo y fue abordado por el Consejo de Mayo.
La iniciativa plantea un cambio de enfoque al colocar en el centro el concepto de “libertad educativa”, otorgando un rol protagónico a las familias y ampliando la autonomía de las instituciones escolares, tanto estatales como privadas. Según el proyecto, la familia es definida como el “primer agente natural y primario” en la educación, garantizando su derecho a elegir la formación que consideren más acorde con sus convicciones.
Entre los puntos salientes, el proyecto reconoce una mayor autonomía pedagógica y curricular para las instituciones educativas, permitiéndoles definir su proyecto institucional, métodos de enseñanza, organización interna, calendario escolar y participar en la selección de su personal docente, siempre dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales. A la par, se mantienen contenidos mínimos obligatorios para asegurar una formación común en todo el país, reservando parte de la jornada escolar para propuestas propias de cada comunidad educativa.
Otro eje relevante es la participación de las familias en las escuelas públicas, a través de consejos con funciones consultivas y de acompañamiento institucional. Desde el oficialismo sostienen que este mecanismo busca fortalecer el compromiso comunitario, mejorar la convivencia escolar y promover la corresponsabilidad entre escuela y familia. En el nivel secundario, además, se propone reforzar la articulación entre educación, producción y trabajo, con el objetivo de mejorar la orientación vocacional y la formación integral de los estudiantes.
El proyecto también vuelve a insistir en declarar a la educación como servicio esencial, una iniciativa que ya había sido incluida en versiones anteriores de la Ley Bases y en un DNU, pero que no llegó a aplicarse por judicialización. De aprobarse, se garantizaría la continuidad mínima del servicio educativo ante conflictos laborales, asegurando el derecho de los alumnos a recibir clases.
En cuanto a las modalidades de escolarización, la Ley de Libertad Educativa reconoce formatos presenciales, híbridos, comunitarios, domiciliarios (homeschooling) y a distancia, todos ellos bajo supervisión y evaluación conforme a estándares nacionales y jurisdiccionales. En materia de evaluación, el texto propone fortalecer un sistema nacional objetivo, transparente y periódico, con evaluaciones censales y muestrales cuyos resultados serán públicos, resguardando la identidad de estudiantes y docentes.
Además, se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria, de aplicación anual, destinada a brindar información sobre el nivel educativo alcanzado al finalizar la secundaria, tanto a estudiantes y familias como a instituciones de educación superior y al mundo del trabajo.
Finalmente, el proyecto incorpora nuevas opciones de financiamiento educativo, como vales, bonos, becas u otros instrumentos equivalentes, con el objetivo de que la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos. Todas las instituciones que reciban fondos públicos deberán rendir cuentas anualmente y publicar información sobre su gestión.
Por ahora, la iniciativa no fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias y su debate podría postergarse hasta marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias. Mientras tanto, la propuesta ya genera un intenso debate político, educativo y social sobre el alcance y las consecuencias de una de las reformas más ambiciosas impulsadas por el actual gobierno.
Redacción | Web del Maestro CMF
