La violencia contra el magisterio tlaxcalteca ha escalado a niveles alarmantes. Al cierre del ciclo escolar 2024-2025, se han registrado más de 90 agresiones directas contra docentes de educación básica en el estado, una cifra que excluye a los trabajadores de los niveles medio superior y superior. La gota que colmó el vaso fue el reciente asesinato del maestro de nivel medio superior José Manuel López Juárez, presuntamente a manos de un alumno, hecho que conmocionó a la sociedad y movilizó tanto a autoridades como al gremio docente.
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Un magisterio golpeado alza la voz
Tras el fallecimiento del profesor, la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a una rueda de prensa para exigir justicia y garantías de seguridad para todo el gremio. “Es una situación inédita. Jamás habíamos vivido algo así. No queremos que vuelva a repetirse”, declaró uno de los representantes sindicales, visiblemente afectado.
Los docentes manifestaron su descontento con el nivel de inseguridad que se vive en el estado y solicitaron de forma urgente la intervención del Congreso local, del Ejecutivo estatal y de la Fiscalía General. Entre sus principales demandas estuvieron:
- La aplicación expedita y efectiva de la justicia para el maestro asesinado.
- La creación de un protocolo de protección específico para docentes.
- La modificación de las leyes vigentes para garantizar la seguridad del personal educativo.
Una propuesta de ley para endurecer penas
En respuesta a esta situación, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, a través de su equipo jurídico, anunció el 9 de julio que presentará una iniciativa de ley para modificar el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Así lo confirmaron el jefe del Departamento Jurídico, Heriberto Gómez Rivera, y el doctor Gilberto Pineda Martínez, también integrante del equipo legal.
La propuesta contempla dos incorporaciones clave al código penal:
- Artículo 237 Quáter (lesiones agravadas): Aumenta en dos tercios la pena por lesiones cuando las víctimas sean trabajadores de la educación en instituciones públicas o privadas, sin importar el nivel educativo.
- Artículo 279 Bis (amenazas agravadas): Establece el mismo incremento de pena en casos de amenazas contra personal docente.
Esta medida cuenta con el respaldo total de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y será presentada formalmente al Congreso del Estado durante el próximo periodo de sesiones.
Una medida jurídica con propósito educativo
El secretario de Educación, Homero Meneses, señaló que este ajuste legal no busca solo castigar, sino promover un cambio profundo en la cultura de respeto hacia los maestros. “No es solamente la modificación del código penal… es impulsar un cambio cultural, un cambio de conciencia”, afirmó.
Además, hizo un llamado a madres y padres de familia a sumarse a este proceso desde el diálogo y el respeto. “Vamos a coordinarnos para no llegar a la sanción. Lo que quiero es que ustedes cobren conciencia de que los maestros les convocamos a la escuela, son bienvenidos”, expresó, aunque aclaró que, conforme a la ley, los tutores no tienen facultad para intervenir en las decisiones pedagógicas del docente.
Marcha, duelo y exigencia
En memoria del profesor asesinado y como acto de protesta, la sección 55 del SNTE convocó a una movilización para el lunes 14 de julio a las 9:00 a.m., invitando a docentes de todos los niveles y a la sociedad en general. El objetivo es alzar la voz no solo por este caso, sino por todas las víctimas de violencia en el sector educativo. “José Manuel representa lo que han sido muchos casos. Queremos ser el portavoz de las familias que han sido lastimadas”, declararon los organizadores.
Durante la rueda de prensa, los representantes sindicales insistieron en la necesidad de revisar los protocolos escolares vigentes, que —según argumentan— se enfocan en la protección del alumno, pero dejan en segundo plano la integridad del docente. Abogaron por una revisión de estas normativas que contemple mecanismos de seguridad, acompañamiento psicológico y protección legal para el profesorado.
¿Y el acompañamiento institucional?
Los asistentes a la rueda de prensa cuestionaron la ausencia de algunas autoridades educativas y universitarias. En respuesta, los dirigentes sindicales aseguraron que ha existido un acompañamiento permanente, aunque discreto, por parte de figuras clave como la secretaria general del SNTE sección 31 y directivos de instituciones de nivel superior. “Este es un llamado no solo a las autoridades educativas y gubernamentales, sino también a la sociedad. Necesitamos trabajar en armonía”, concluyeron.
Una señal de alerta nacional
El caso de Tlaxcala no es un hecho aislado. Representa un síntoma más de la creciente violencia que enfrenta el magisterio en diversas regiones del país. La respuesta legislativa y sindical que se articula en este estado puede convertirse en un precedente relevante a nivel nacional.
La propuesta de endurecer las sanciones penales es un primer paso para revalorizar la labor docente y garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes educan y forman a las futuras generaciones. Pero como reconocen los propios docentes, también se requiere un cambio más profundo en la conciencia colectiva sobre el rol del maestro en la sociedad.
El mensaje es claro: enseñar no debe ser una profesión de alto riesgo
Redacción | Web del Maestro CMF
