Corea del Sur ha dado un paso histórico en su lucha contra la violencia escolar. Cuarenta y cinco estudiantes fueron expulsados de algunas de las universidades más prestigiosas del país, incluida la reconocida Universidad Nacional de Seúl, tras comprobarse que tenían antecedentes de acoso durante su etapa escolar.
Esta drástica medida forma parte de una nueva política de cero tolerancia que será obligatoria en todas las universidades a partir de 2026. Según la reforma, los antecedentes de violencia escolar serán causa suficiente para la expulsión, sin importar el rendimiento académico del estudiante ni su posición en los rankings de ingreso.
El mensaje del gobierno surcoreano es contundente: el éxito académico no puede ser un escudo para la impunidad. Con esta decisión, el país busca transformar una cultura educativa donde, durante años, la competencia extrema y el prestigio académico llegaron a eclipsar los valores humanos y la convivencia escolar.
Especialistas señalan que la medida busca no solo castigar, sino también prevenir, enviando una señal clara a las generaciones más jóvenes: el respeto y la empatía valen más que las calificaciones. Corea del Sur, conocida por su exigente sistema educativo, podría estar dando el primer paso hacia un nuevo paradigma donde la excelencia académica y la ética caminen de la mano.
Crecen los casos de acoso y el Estado no logra proteger a las víctimas
El acoso y la persecución a mujeres se han convertido en un problema alarmante en Corea del Sur. A pesar de contar con leyes específicas desde 2021 para castigar el stalking con hasta tres años de prisión, las denuncias no dejan de aumentar. En 2022 se registraron más de 7.000 casos; en 2024, casi el doble, y solo en los primeros meses de 2025 ya se contabilizan cerca de 8.000. El país asiático enfrenta así una crisis creciente que pone en duda la eficacia de sus mecanismos de protección y deja al descubierto una realidad preocupante: la ley existe, pero la seguridad de las víctimas sigue siendo frágil.
Una ley que no alcanza
En 2021, Corea del Sur aprobó una ley específica contra el acoso —conocido como stalking, que impone penas de hasta tres años de prisión o multas elevadas. En 2023, el Parlamento reforzó la norma cerrando un vacío legal que permitía a los agresores presionar a las víctimas para retirar sus denuncias.
Sin embargo, el verdadero problema no está en la legislación, sino en su aplicación. Aunque las leyes son claras, la justicia surcoreana ha reducido la aprobación de medidas de protección para las víctimas: pasaron de casi el 98% de aceptación en 2021 a menos del 94% en 2025. Puede parecer un pequeño descenso, pero para una víctima esa diferencia puede significar la línea entre vivir o morir.
Casos que sacudieron al país
El caso más estremecedor fue el asesinato de una empleada del metro de Seúl en 2022. Tenía 28 años y había denunciado reiteradamente a un compañero que la acosaba. Pese a estar bajo proceso judicial, él logró entrar al baño donde ella trabajaba y la mató un día antes de que se dictara sentencia.
Ese crimen impulsó la reforma legal de 2023, pero los ataques no se detuvieron. En 2021, otro hombre asesinó a su exnovia, a pesar de que estaba bajo protección policial y había denunciado varias veces. Y recientemente, otro caso volvió a conmocionar al país: una mujer fue asesinada por su expareja mientras supuestamente estaba “protegida” por la justicia.
Un problema regional y estructural
El fenómeno no es exclusivo de Corea. En Japón, los crímenes relacionados con el acoso también están aumentando, especialmente en Tokio, Kobe y Kanagawa. En un caso reciente, más de 40 policías fueron sancionados por no actuar a tiempo ante denuncias previas.
Estos hechos muestran que el problema no son solo las leyes, sino su cumplimiento efectivo, y que el acoso no puede seguir siendo tratado como un asunto menor. No hablamos de estadísticas, sino de vidas truncadas, de mujeres que pidieron ayuda y no fueron escuchadas.
Un llamado urgente
Corea del Sur se enfrenta hoy a una pregunta crucial: ¿basta con endurecer las penas o es necesario transformar la forma en que se aplica la justicia? Las cifras, los casos y las víctimas apuntan a lo segundo.
El acoso no es una simple molestia. Es una forma de violencia que puede escalar hasta el asesinato. Por eso, el mensaje que muchos activistas repiten en Seúl resuena con fuerza en toda la región:
“La protección no puede quedarse en el papel. Porque entre la denuncia y la respuesta del Estado, puede perderse una vida.”
Redacción | Web del Maestro CMF
