El reciente fallo emitido por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California marca un precedente relevante para el magisterio mexicano y abre un debate de alcance nacional sobre la responsabilidad penal de los docentes, la correcta aplicación de los protocolos escolares y la necesidad de condiciones jurídicas justas para ejercer la docencia.
Tras casi dos años de proceso judicial, el tribunal resolvió absolver plenamente al maestro Esteban Canchola Herrera del delito de omisión de auxilio, al no acreditarse dolo ni responsabilidad penal, ordenando su absoluta libertad y la restitución total de sus derechos.
Un caso complejo y doloroso
El caso se origina a partir del fallecimiento del menor Martín Damián, alumno de una escuela primaria de Baja California, quien sufrió un golpe en la cabeza durante el recreo en octubre de 2023. El hecho ocurrió fuera del aula y antes del inicio formal de clases. Posteriormente, el niño manifestó malestar, fue trasladado a una clínica privada y más tarde a una institución pública de salud, donde lamentablemente falleció tras presentar convulsiones.
Desde el inicio, el proceso estuvo marcado por un profundo dolor humano: la pérdida irreparable de una vida infantil. Este hecho, que nadie puede ni debe minimizar, coexistió con una investigación que terminó centrando la responsabilidad penal exclusivamente en el docente, pese a que el propio expediente evidenciaba la intervención de otras instancias, particularmente del ámbito médico.
La resolución judicial: revocación total de la sentencia
Tras un análisis exhaustivo del expediente, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado determinó que los agravios presentados por la defensa del maestro fueron fundados. Por unanimidad de votos, las magistradas María Dolores Moreno Romero, Leonor Garza Chávez y el magistrado Salvador Abelardo Armendariz resolvieron revocar en su totalidad la sentencia de primera instancia.
El fallo dejó sin efectos la pena impuesta, la multa, la suspensión de derechos y la amonestación dictadas previamente. El tribunal fue claro: no se acreditó dolo, ni omisión penal, y la actuación del docente se ajustó a los protocolos escolares vigentes. Además, se reconoció que la acusación se sustentó en testimonios contradictorios y que durante el proceso se vulneró el principio de presunción de inocencia.
El posicionamiento del sindicato y la defensa del magisterio
El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC) emitió un comunicado contundente, en el que, sin desconocer el dolor de la familia y de la comunidad escolar, subrayó la importancia del debido proceso y rechazó la criminalización del magisterio por fallas estructurales del sistema.
El sindicato reafirmó que el maestro Esteban Canchola no incurrió en responsabilidad penal, que actuó conforme a los protocolos establecidos y que su conducta no puede considerarse delito bajo la normativa vigente. Asimismo, enfatizó que ningún trabajador de la educación debe ser utilizado como chivo expiatorio ante deficiencias institucionales, particularmente cuando existen responsabilidades compartidas que no fueron judicializadas, como la posible negligencia médica, aún pendiente de resolución.
Un precedente que interpela al sistema educativo
Este caso trasciende la situación individual del maestro absuelto. Pone en evidencia una problemática de fondo: los límites reales de la responsabilidad docente en contextos donde los protocolos son ambiguos, insuficientes o mal diseñados. Pretender que el profesorado asuma funciones que exceden su formación —como responsabilidades médicas especializadas— no solo es injusto, sino peligroso.
Si los protocolos son inadecuados, la responsabilidad recae en quienes los diseñan, los validan y los imponen, no en quienes los aplican de buena fe. La resolución judicial envía un mensaje claro: cumplir el protocolo no puede convertirse en una trampa penal para el docente.
Justicia sin rencor, memoria sin criminalización
La absolución del maestro Esteban Canchola Herrera no borra el dolor por la muerte de un niño, pero sí restituye la verdad jurídica y reafirma principios esenciales de un Estado de derecho: presunción de inocencia, proporcionalidad y responsabilidad institucional. Como expresó su familia, no se trata de celebrar desde el rencor, sino de respirar justicia tras un largo periodo de lucha, silencio forzado y resistencia.
Este fallo representa una victoria colectiva para el magisterio, no como un acto corporativo, sino como una defensa de la dignidad profesional. También interpela a las autoridades a revisar protocolos, fortalecer la capacitación, clarificar responsabilidades y garantizar que ejercer la docencia no implique vivir bajo la amenaza permanente de procesos penales injustos.
En tiempos de incertidumbre, la justicia no solo repara a una persona: protege a toda una profesión. Y este caso deja una lección inequívoca: la escuela no puede ser el último eslabón donde se depositan todas las fallas del sistema.
Redacción | Web del Maestro CMF
