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Galicia plantea multas de hasta 15.000 euros para los padres que agredan a los profesores

La Xunta de Galicia impulsa sanciones económicas contra padres agresores, restricciones de acceso a colegios y asistencia jurídica para profesores, mediante una reforma legislativa todavía pendiente de aprobación parlamentaria.
El Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas a que Galicia sea «la primera en proteger la autoridad» docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres, responables legales e incluso de los propios alumnos podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros. Lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente autonómico, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas.

Los padres que agredan a profesores en Galicia, España, podrían enfrentarse a multas de hasta 15.000 euros, según una reforma legislativa impulsada por la Xunta de Galicia para reforzar la protección del personal docente. La iniciativa, conocida el 13 de octubre de 2026, busca responder a las situaciones de violencia, amenazas y acoso que afectan a los profesionales de la enseñanza. La propuesta contempla sanciones económicas, restricciones de acceso a los centros educativos y nuevas herramientas de asistencia para los profesores. Sin embargo, las medidas todavía deben superar su tramitación legislativa antes de entrar en vigor.

La reforma representa un intento de establecer consecuencias administrativas específicas para quienes agredan a los docentes en el ejercicio de sus funciones. Hasta ahora, muchas situaciones de enfrentamiento entre familiares y profesores se han abordado mediante procedimientos internos de los centros, denuncias o actuaciones judiciales cuando los hechos podían constituir una infracción penal. Con la nueva regulación, el Gobierno gallego pretende reforzar la autoridad del profesorado y establecer mecanismos de respuesta frente a comportamientos violentos. La iniciativa también plantea que la convivencia escolar no depende exclusivamente de los estudiantes, sino del respeto que deben mantener todos los integrantes de la comunidad educativa.

Multas económicas y restricciones para los padres agresores

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es el establecimiento de sanciones económicas que podrían oscilar entre 300 y 15.000 euros para los padres o familiares que agredan a profesores. La cuantía dependería de la gravedad de las conductas y de los criterios establecidos en la futura normativa. Estas multas tendrían carácter administrativo, por lo que no sustituirían necesariamente otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos. En los casos más graves, las actuaciones también podrían dar lugar a procedimientos judiciales. El propósito es que las agresiones contra los docentes reciban una respuesta proporcional y no queden reducidas a simples conflictos escolares.

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tras el Consello de la Xunta
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tras el Consello de la Xunta Xoán A. Soler

La reforma también contempla limitaciones para los familiares que protagonizan comportamientos agresivos dentro de la comunidad educativa. Entre las medidas previstas figuran restricciones de acceso a los centros escolares, a determinadas actividades y a los canales de comunicación con el profesorado. Estas disposiciones buscan evitar nuevos episodios de intimidación y proteger las condiciones en las que trabajan los docentes. Su aplicación deberá respetar las garantías legales y las necesidades de comunicación entre las familias y los colegios. La intención es impedir que los enfrentamientos personales alteren el funcionamiento de las instituciones educativas o comprometan la seguridad de quienes trabajan en ellas.

Las medidas anunciadas abarcan distintas situaciones que pueden deteriorar la convivencia escolar. Entre las principales actuaciones previstas se encuentran:

  • Multas administrativas de entre 300 y 15.000 euros por agresiones contra profesores.
  • Restricciones de acceso a los centros y a determinadas actividades escolares para familiares agresores.
  • Limitaciones en los canales de comunicación con los docentes cuando existan comportamientos intimidatorios.
  • Asistencia jurídica y acompañamiento para los profesionales afectados.
  • Medidas disciplinarias más estrictas frente a situaciones graves de acoso escolar.

El alcance definitivo de estas disposiciones dependerá del texto que resulte aprobado durante el proceso legislativo.

Expulsiones permanentes y nuevas medidas contra el acoso escolar

La propuesta no se limita a las agresiones cometidas por familiares. También introduce modificaciones importantes en el régimen disciplinario aplicable a los estudiantes, especialmente ante situaciones de acoso y ciberacoso. Los alumnos responsables de conductas especialmente graves podrían ser trasladados de centro y perder definitivamente el derecho a regresar al establecimiento anterior. En la enseñanza obligatoria se contempla, con carácter general, el cambio de colegio, mientras que en otras etapas educativas podría aplicarse la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el mismo centro. Estas medidas buscan proteger a las víctimas y evitar la repetición de comportamientos violentos.

Otro aspecto relevante es la incorporación de nuevas formas de violencia relacionadas con las tecnologías digitales. La reforma contempla expresamente el uso de inteligencia artificial para crear contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad, la intimidad o la imagen de otras personas. También incluye amenazas, coacciones, discriminación grave, humillaciones, manifestaciones de odio y violencia sexual. El texto pretende actualizar las normas de convivencia ante comportamientos que pueden producirse tanto dentro como fuera del aula. Además, establece entre los deberes del alumnado comunicar al centro las conductas graves de las que tenga conocimiento, reforzando su responsabilidad en la prevención de la violencia.

Una oficina especializada para proteger y acompañar a los profesores

La Xunta también plantea la creación de una Oficina de Apoyo al Profesorado, destinada a proporcionar orientación, asesoramiento y asistencia jurídica a los profesionales que sufran agresiones, amenazas o situaciones de acoso. Este organismo ofrecería acompañamiento durante los procedimientos de denuncia y atendería tanto los ataques físicos como aquellos realizados mediante redes sociales. La iniciativa busca reforzar el reconocimiento legal del docente como autoridad pública y evitar que los profesionales afectados deban afrontar estas situaciones sin respaldo institucional. La protección del profesorado pasaría así a contar con un mecanismo administrativo especializado, complementario a las actuaciones de los propios centros educativos.

El Gobierno gallego sostiene que la reforma también debe contribuir a mejorar el clima general de convivencia. Según las encuestas bienales realizadas por la Xunta en los centros educativos, el 88 % de las personas consultadas considera que no existen conflictos importantes o que estos se producen únicamente de manera puntual. Pese a ese resultado, las autoridades consideran necesario disponer de herramientas más eficaces para intervenir cuando aparecen situaciones graves. El plan también contempla fortalecer las aulas de convivencia inclusiva, concebidas para facilitar la reincorporación de los estudiantes a las actividades escolares después de determinados conflictos o medidas disciplinarias.

Los sindicatos respaldan la protección docente, pero exigen garantías

El anuncio ha provocado distintas reacciones entre las organizaciones sindicales del sector educativo. CSIF, ANPE, Comisiones Obreras y UGT han valorado positivamente la intención de reforzar la autoridad y la protección del profesorado, aunque reclaman garantías sobre la aplicación efectiva de las medidas. Algunas organizaciones también han pedido que el contenido de la reforma sea negociado con los representantes de los trabajadores. Por su parte, CIG-Ensino ha expresado dudas sobre la utilidad de las sanciones y los traslados de estudiantes, especialmente en localidades pequeñas donde existen pocas alternativas de escolarización. El debate refleja diferencias sobre cómo prevenir la violencia y responder a sus consecuencias.

La reforma abre una discusión que trasciende las multas económicas y alcanza la responsabilidad compartida de familias, estudiantes, docentes y administraciones. Proteger al profesorado exige consecuencias frente a las agresiones, pero también prevención, procedimientos claros y mecanismos de intervención que funcionen en la práctica. Las sanciones anunciadas todavía deberán concretarse durante la tramitación parlamentaria, por lo que su alcance definitivo dependerá de la normativa finalmente aprobada. Galicia plantea así un modelo de protección que combina medidas disciplinarias, respaldo jurídico y actuaciones de convivencia escolar. Su eficacia se medirá por la capacidad de garantizar entornos educativos seguros sin perder de vista los derechos de toda la comunidad escolar.

Redacción: Web del Maestro CMF

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