En Chile, específicamente en la comuna de Curanilahue, región del Biobío, un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más complejos de la educación actual: hasta qué punto un establecimiento puede sostener la convivencia escolar cuando enfrenta conductas graves y reiteradas dentro del aula. La decisión judicial confirmó la cancelación de matrícula de un estudiante para el año académico 2026 tras acumular más de 40 anotaciones negativas y protagonizar diversos episodios considerados de alta gravedad por la comunidad educativa. El caso generó un fuerte impacto porque el alumno presentaba necesidades educativas especiales, condición que fue evaluada por el tribunal antes de emitir su resolución.
La situación no tardó en provocar reacciones entre docentes, directivos, familias y especialistas. Para algunos, el fallo representa un respaldo a la autoridad escolar y al derecho de las comunidades educativas a resguardar la seguridad dentro de los establecimientos. Para otros, el caso refleja las enormes dificultades que enfrenta el sistema educativo para responder adecuadamente a estudiantes con conductas complejas sin caer en medidas extremas.
Un historial que encendió las alarmas dentro del colegio
Según los antecedentes expuestos por la justicia, el estudiante había protagonizado múltiples situaciones que afectaron directamente la convivencia escolar. Entre los hechos más graves figuraban el porte de navajas dentro del establecimiento en al menos dos ocasiones y una agresión física contra otro alumno que terminó con lesiones constatadas médicamente.
A ello se sumaron expresiones obscenas, conductas inapropiadas hacia docentes y compañeras, además de una larga lista de anotaciones negativas acumuladas durante el año escolar.
El tribunal determinó que no se trataba de hechos aislados ni episodios puntuales, sino de una conducta reiterada en el tiempo que terminó deteriorando el clima escolar y generando preocupación dentro de la comunidad educativa.
La resolución judicial respaldó la aplicación del reglamento interno del establecimiento y validó la decisión de no renovar la matrícula del estudiante para el siguiente año académico.
La inclusión no elimina los límites ni las responsabilidades
Uno de los aspectos más sensibles del caso fue el análisis realizado respecto a las necesidades educativas especiales del estudiante. La Corte dejó en claro que la inclusión no significa ausencia de normas ni eliminación automática de responsabilidades disciplinarias cuando existen conductas que afectan la integridad física o emocional de terceros.
El fallo marcó un punto importante dentro del debate educativo actual, porque muchas instituciones sienten que enfrentan una tensión constante entre garantizar inclusión y mantener espacios seguros para toda la comunidad escolar.
Durante los últimos años, numerosos docentes han manifestado sentirse limitados frente a situaciones de violencia, amenazas o conductas reiteradamente disruptivas. Algunos sostienen que los procedimientos disciplinarios se han vuelto excesivamente burocráticos y lentos, mientras otros advierten que expulsar estudiantes sin acompañamiento tampoco resuelve el problema de fondo.
El verdadero desafío parece estar en encontrar un equilibrio entre ambas miradas.
El tribunal valoró las medidas de acompañamiento implementadas
Uno de los elementos decisivos para la resolución judicial fue comprobar que el colegio no actuó de manera improvisada ni arbitraria. La Corte valoró que el establecimiento hubiera desarrollado previamente un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, además de reuniones permanentes con la apoderada del estudiante para monitorear su evolución.
“Lo anterior permite concluir, en esta sede cautelar, que no existió una inactividad por parte del establecimiento, sino la adopción de medidas de acompañamiento”, señaló el fallo.
La justicia consideró relevante que existieran antecedentes concretos de apoyo psicológico, seguimiento conductual y medidas pedagógicas antes de adoptar la sanción más severa dentro del ámbito escolar.
Ese punto resulta especialmente significativo porque evidencia que la autoridad escolar no puede sostenerse únicamente en el castigo, sino también en procesos reales de intervención, apoyo y contención.
La convivencia escolar se ha convertido en una preocupación creciente
El caso de Curanilahue no aparece como un hecho aislado. En distintos países, las escuelas enfrentan un aumento de conflictos relacionados con violencia, amenazas, agresiones y conductas disruptivas persistentes dentro de las aulas.
Muchos docentes sostienen que actualmente existe una sensación de desprotección frente a situaciones complejas. Algunos directivos temen aplicar sanciones por miedo a cuestionamientos judiciales o denuncias, mientras otros consideran que la pérdida de autoridad institucional está debilitando las normas básicas de convivencia.
Al mismo tiempo, especialistas en educación advierten que reducir el problema únicamente a la disciplina puede ser insuficiente. Detrás de muchos comportamientos agresivos existen contextos familiares difíciles, problemas emocionales no tratados, ausencia de límites tempranos y graves dificultades de salud mental.
Por ello, el debate no puede centrarse solamente en expulsar o no expulsar estudiantes. La discusión de fondo apunta a qué tipo de escuela se está construyendo y cómo se protege simultáneamente el derecho a la educación, la inclusión y la seguridad de toda la comunidad escolar.
El desafío de recuperar el equilibrio dentro de las escuelas
La resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción dejó una señal importante para el sistema educativo: los establecimientos sí pueden aplicar medidas disciplinarias severas cuando existen antecedentes objetivos, protocolos adecuados y esfuerzos previos de acompañamiento.
“No se advierte en la actuación del establecimiento un proceder arbitrario o carente de fundamento”, concluyó el tribunal.
Sin embargo, el debate sigue abierto. La educación actual enfrenta el enorme reto de evitar dos extremos igualmente peligrosos: una disciplina excesivamente punitiva que excluya sin acompañar, y una permisividad que termine normalizando conductas graves dentro de las escuelas.
En medio de esa tensión, miles de docentes continúan intentando sostener el orden, el respeto y la convivencia en aulas cada vez más complejas, mientras la sociedad observa con preocupación cómo la autoridad escolar, la inclusión y la protección de la comunidad educativa buscan convivir en un equilibrio que todavía parece difícil de alcanzar.
Redacción | Web del Maestro CMF
