En Chile, una reciente resolución judicial volvió a instalar el debate sobre los límites de la convivencia escolar, la disciplina y el rol de los establecimientos educativos frente a conductas graves y reiteradas dentro del aula. La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la decisión de un colegio de la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío, de cancelar la matrícula de un estudiante para el año académico 2026 tras acumular más de 40 anotaciones negativas y protagonizar diversos episodios considerados de alta gravedad. El caso ha generado discusión pública debido a que el estudiante presentaba necesidades educativas especiales, situación que fue analizada por el tribunal al momento de emitir el fallo.
Un historial marcado por conductas reiteradas y episodios de riesgo
La resolución judicial detalla que durante el período escolar el estudiante incurrió en una serie de acciones que afectaron directamente la seguridad y la convivencia dentro del establecimiento. Entre los hechos más graves se mencionó el porte de navajas en al menos dos oportunidades dentro del colegio, además de una agresión física contra otro alumno que terminó con lesiones constatadas médicamente.
A ello se sumaron conductas consideradas impropias hacia docentes y compañeras, incluyendo lenguaje obsceno y gestos de connotación sexual, además de una larga acumulación de anotaciones negativas registradas durante el año académico.
El fallo sostuvo que la situación no correspondía a hechos aislados, sino a una conducta persistente y reiterada en el tiempo, lo que terminó llevando al establecimiento a aplicar su reglamento interno y decidir la no renovación de la matrícula.
El tribunal destacó las medidas de apoyo implementadas por el colegio
Uno de los puntos centrales de la resolución fue determinar si el establecimiento había actuado de manera arbitraria o si, por el contrario, había agotado previamente instancias de apoyo y acompañamiento hacia el estudiante.
En ese contexto, la Corte valoró que el colegio hubiera implementado un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, además de reuniones periódicas con la apoderada para monitorear la evolución del alumno, su tratamiento y su comportamiento escolar.
“Lo anterior permite concluir, en esta sede cautelar, que no existió una inactividad por parte del establecimiento, sino la adopción de medidas de acompañamiento”, señaló el fallo.
El tribunal consideró relevante que existieran antecedentes concretos de apoyo pedagógico y psicológico antes de adoptar la medida disciplinaria más severa dentro del ámbito escolar.
Necesidades educativas especiales no eliminan responsabilidades disciplinarias
Otro aspecto que marcó la resolución fue la postura del tribunal respecto a las necesidades educativas especiales del estudiante. La Corte indicó que dicha condición no exime automáticamente del cumplimiento de normas de convivencia ni de la aplicación de sanciones cuando existen conductas graves que afectan a terceros.
Esta interpretación abre nuevamente una discusión sensible dentro del sistema educativo: cómo equilibrar la inclusión, el acompañamiento emocional y la protección de toda la comunidad escolar frente a situaciones complejas y reiteradas.
Para muchos establecimientos, el desafío actual no solo pasa por incluir y apoyar, sino también por garantizar espacios seguros para estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
La convivencia escolar vuelve al centro del debate educativo
El caso ha generado reacciones porque refleja una problemática cada vez más visible en distintos países: el aumento de conflictos conductuales graves dentro de las escuelas y las dificultades de los establecimientos para responder sin ser cuestionados judicialmente.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción refuerza la idea de que los colegios sí pueden aplicar medidas disciplinarias severas cuando existen antecedentes objetivos, protocolos aplicados y esfuerzos previos de acompañamiento.
“No se advierte en la actuación del establecimiento un proceder arbitrario o carente de fundamento”, concluyó el fallo judicial.
La decisión también pone sobre la mesa una preocupación creciente entre docentes y directivos: la necesidad de que las normas de convivencia escolar tengan respaldo institucional y jurídico cuando la seguridad de la comunidad educativa se ve comprometida por conductas violentas o reiteradamente disruptivas.
Redacción | Web del Maestro CMF
