En España, una reflexión del profesor y divulgador Juan Jesús Pleguezuelos ha reabierto el debate sobre la autoridad del profesorado y el lugar que ocupan las emociones en la escuela. En un vídeo difundido a través de TikTok, el docente cuestiona que las percepciones personales de los estudiantes lleguen a imponerse sobre criterios académicos y decisiones profesionales. Sus declaraciones fueron recogidas por el diario 20minutos el 4 de noviembre de 2025 y suscitaron respuestas contrapuestas en redes sociales. Más allá de la controversia, el planteamiento invita a examinar cómo se construye el respeto en las aulas y quién respalda las decisiones educativas.
Pleguezuelos considera que el profesorado afronta una pérdida de capacidad para conducir la clase y hacer valer sus decisiones. En su exposición relaciona ese problema con una cultura que, a su juicio, otorga más peso a lo que cada alumno siente que a la valoración razonada de los hechos. La crítica no equivale a negar la importancia de las emociones, sino que plantea una dificultad concreta: qué ocurre cuando una impresión subjetiva se convierte, por sí sola, en criterio suficiente para desautorizar a un docente. Se trata de una posición expresada por el profesor, no de una conclusión demostrada para todos los centros educativos.
Cuando la percepción del alumno entra en conflicto con la evaluación
Una de las situaciones que menciona el docente es la discrepancia ante una calificación. Un estudiante puede vivir un suspenso como una injusticia, aunque esa sensación no determine necesariamente que la evaluación haya sido incorrecta. El caso permite distinguir entre escuchar una queja y darla automáticamente por válida. Una escuela debe ofrecer procedimientos claros para revisar exámenes, explicar criterios y corregir posibles errores; al mismo tiempo, necesita preservar decisiones fundamentadas que puedan resultar incómodas. Reducir el desacuerdo a una confrontación entre sensibilidad y exigencia impediría abordar el asunto esencial: cómo garantizar evaluaciones justas, comprensibles y sujetas a revisión.
El desacuerdo sobre las notas es también una cuestión de confianza. Cuando los criterios de evaluación se explican desde el inicio, alumnos y familias disponen de referencias para comprender los resultados y plantear dudas concretas. Cuando esos criterios son opacos, en cambio, aumentan las posibilidades de interpretar una decisión como arbitraria. La autoridad profesional se fortalece mediante la transparencia, no mediante la imposibilidad de cuestionar al profesor. La reflexión de Pleguezuelos apunta a un riesgo distinto: que la disconformidad del estudiante baste para desacreditar una valoración sin examinar las evidencias. Ambos problemas merecen atención y requieren respuestas diferentes.
El profesor también describe una representación del docente como figura que impone tareas, esfuerzo y límites, por lo que puede terminar percibido como adversario. Esa interpretación expresa su experiencia y su lectura del clima educativo, pero no permite afirmar que todo el alumnado rechace la exigencia ni que todas las familias desconfíen de la escuela. Enseñar implica, en ocasiones, sostener decisiones impopulares: pedir concentración, corregir errores o exigir el cumplimiento de normas. El desafío consiste en que esas decisiones tengan una finalidad pedagógica reconocible y se comuniquen con claridad, sin convertir cada desacuerdo cotidiano en una disputa personal.

Responsabilidad y autoridad dentro del aula
Otro eje de su intervención es la relación entre la responsabilidad que asume un profesor y las herramientas que necesita para ejercerla. Pleguezuelos resume su argumento en una frase: «No puedes ser responsable sin tener la autoridad». Su razonamiento parte de una dificultad práctica: dirigir un grupo y velar por su cuidado exige capacidad para establecer límites y hacerlos cumplir. La autoridad, en este sentido, no se confunde necesariamente con autoritarismo. Puede entenderse como el reconocimiento de una función profesional que permite organizar la convivencia, intervenir ante conflictos y mantener condiciones adecuadas para el aprendizaje de todos.
La discusión resulta especialmente relevante cuando se examina quién debe sostener esos límites. Un profesor puede formular normas y explicar consecuencias, pero su aplicación pierde consistencia si el entorno escolar no respalda criterios compartidos. La coordinación entre equipos directivos, docentes y familias ayuda a evitar mensajes contradictorios ante situaciones similares. El respaldo institucional no supone aceptar cualquier decisión sin revisión: exige procedimientos para escuchar al alumnado y, cuando corresponda, corregir actuaciones docentes. La cuestión de fondo es cómo combinar apoyo a quienes enseñan con mecanismos de responsabilidad profesional, sin dejar al profesor aislado ni privar al estudiante de protección.
Un debate que también interpela al profesorado
La publicación del vídeo generó reacciones divergentes. Según informó 20minutos, acumuló más de 27.000 visualizaciones y recibió comentarios que cuestionaban la falta de respeto hacia los profesores, junto con otros que señalaban conductas docentes poco empáticas o deficientes. La conversación no mostró una postura unánime. Esa diversidad importa porque obliga a distinguir entre autoridad asociada al cargo y confianza construida mediante la práctica. La experiencia de un alumno con un profesor concreto puede influir en su percepción, pero tampoco resulta suficiente para describir el funcionamiento de todo un sistema escolar ni para invalidar la profesión en su conjunto.

La empatía y la exigencia académica no tienen por qué operar como fuerzas opuestas. Un estudiante puede necesitar ser escuchado y, al mismo tiempo, recibir una explicación firme de por qué una respuesta es incorrecta o una conducta incumple las normas. Del mismo modo, un profesor puede reconocer el malestar del alumno sin renunciar a los criterios que justifican una calificación. Atender las emociones no obliga a sustituir los hechos por impresiones. El reto pedagógico consiste en enseñar a expresar desacuerdos, argumentar con evidencias y aceptar que una decisión razonada puede mantenerse incluso después de escuchar todas las posiciones.
La intervención de Pleguezuelos no constituye por sí sola una medición de la autoridad docente ni demuestra que exista una tendencia uniforme en las escuelas españolas. Sí pone sobre la mesa un conflicto reconocible en cualquier discusión sobre convivencia escolar: cómo proteger la voz de los estudiantes sin desdibujar la función educativa del profesor. La respuesta difícilmente surgirá de escoger entre sensibilidad y razón. Requiere criterios académicos claros, espacios de diálogo, respaldo institucional y límites proporcionados. En ese equilibrio se juega una parte importante de la confianza entre quienes enseñan, quienes aprenden y las familias que acompañan el proceso.
Fuente consultada
- Ceacero, G. (2025, 4 de noviembre). La queja de un profesor de instituto: «Se priorizan las emociones y los sentimientos sobre la razón». 20minutos.es.
Redacción: Web del Maestro CMF
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