El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. La medida será incluida en el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo impulsará durante el período de sesiones extraordinarias que comenzará el próximo 2 de febrero.
Durante una intervención pública en la ciudad de Mar del Plata, Milei sostuvo que “en Argentina el que las hace las paga, y delito de adulto, pena de adulto”, reafirmando uno de los ejes discursivos centrales de su gestión: el endurecimiento del enfoque penal frente al delito. La iniciativa busca modificar el actual Régimen Penal de la Minoridad y establecer un nuevo marco jurídico para adolescentes en conflicto con la ley penal, incorporándolos a un régimen especial.
El anuncio fue previamente comunicado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión en la Casa Rosada con referentes clave del oficialismo, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y varios ministros del gabinete nacional. Según trascendió, Bullrich será la encargada de motorizar el proyecto en el Senado, mientras que Menem buscará los consensos necesarios en Diputados.
Desde el oficialismo se argumenta que el sistema vigente genera situaciones de impunidad y que la legislación actual, establecida en 1980, quedó desfasada respecto de los cambios sociales y de las realidades regionales. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que el perfil de los adolescentes actuales es sustancialmente distinto al de hace cuatro décadas, señalando la influencia de factores como la violencia y el narcotráfico, y afirmando que muchos menores comprenden plenamente la gravedad de sus actos.
El debate se reactivó con fuerza tras el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Fe. El crimen, cometido por tres menores de edad —dos de ellos de 14 años—, fue utilizado por el gobierno como un ejemplo de la necesidad de reformar el régimen penal juvenil. Para el oficialismo, la falta de consecuencias penales efectivas favorece la reincidencia y deja a la sociedad en una situación de desprotección.
Actualmente, la edad de imputabilidad en Argentina es de 16 años, en línea con estándares internacionales de protección de derechos de la infancia, aunque con regímenes especiales para menores en conflicto con la ley. La propuesta de reducirla a 13 años reabre una discusión profunda que atraviesa aspectos jurídicos, sociales, educativos y de derechos humanos, y que históricamente ha generado fuertes divisiones políticas y sociales.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Congreso será el escenario de un debate que excede lo penal y pone en tensión dos miradas opuestas: una centrada en el castigo como herramienta de orden y prevención, y otra que advierte sobre los riesgos de criminalizar tempranamente a adolescentes en contextos de vulnerabilidad. La discusión, lejos de cerrarse, vuelve a instalar una pregunta de fondo sobre el rol del Estado frente al delito juvenil y las respuestas que una sociedad democrática está dispuesta a dar.
Redacción | Web del Maestro CMF
