Una situación reciente, protagonizada por una madre y el docente de su hijo, expone con crudeza una problemática cada vez más frecuente en el ámbito educativo: la confusión de roles, los límites difusos en la comunicación familia–escuela y la creciente delegación de responsabilidades académicas desde los estudiantes hacia los adultos.
El hecho comienza un domingo por la noche. Pasadas las 21:00 horas, una madre intenta comunicarse reiteradamente con el profesor de su hijo para solicitar una prórroga en la entrega de un trabajo práctico. El mensaje, enviado fuera del horario laboral, va acompañado de llamadas perdidas y de un tono progresivamente más demandante. La madre argumenta que recién se ha enterado de la actividad, que no dispone de los materiales necesarios y que la comunicación institucional no le resultó clara. A los pocos minutos, ante la falta de respuesta inmediata, insiste nuevamente, reclamando atención urgente y cuestionando la disponibilidad del docente.
Horas después, ya entrada la madrugada, la situación escala. La madre envía imágenes del trabajo realizado —cartulinas sobre el sistema digestivo— acompañadas de mensajes de enojo y reproche. Señala el cansancio acumulado, la obligación de madrugar para ir a trabajar y expresa sentirse insultada por la situación. El conflicto se transforma entonces en una discusión personal, donde el foco deja de estar en el aprendizaje del estudiante y pasa a centrarse en la frustración del adulto.
Este episodio no es un caso aislado. Refleja una tendencia preocupante: la expectativa de disponibilidad permanente del docente y la idea de que cualquier dificultad logística o organizativa debe resolverse de manera inmediata, incluso sacrificando tiempos personales y profesionales. La escuela, sin embargo, no funciona bajo la lógica de la inmediatez digital ni del servicio al cliente.
Es fundamental recordar que los trabajos prácticos están pensados para los estudiantes, no para sus padres. Cuando una actividad se realiza de madrugada por un adulto, el sentido pedagógico se pierde por completo. No hay proceso de aprendizaje, no hay reflexión ni construcción de conocimiento; solo hay cumplimiento forzado. En ese contexto, la evaluación deja de medir competencias del alumno y pasa a reflejar la capacidad del adulto para resolver contratiempos.
También es necesario subrayar que los canales de comunicación escolar tienen un propósito específico. No están diseñados para urgencias creadas por la falta de organización ni para negociar responsabilidades que corresponden al alumno. El respeto por los horarios, las formas y los tiempos del docente no es un detalle menor: es una condición básica para una convivencia educativa sana.
Desde la perspectiva institucional, el docente tiene la obligación de comunicar con claridad las consignas y los plazos, pero no la de responder mensajes a cualquier hora ni de flexibilizar normas por presiones externas. Del mismo modo, las familias tienen derecho a informarse y a acompañar el proceso educativo, pero no a sustituir al estudiante ni a trasladar al sistema escolar las consecuencias de una planificación tardía.
Este tipo de conflictos revela, además, una dificultad más profunda: a muchos niños se les está privando de la posibilidad de asumir responsabilidades, equivocarse, enfrentar consecuencias y aprender de ellas. Cuando los adultos intervienen de forma constante para “resolver”, el mensaje implícito es claro: el esfuerzo no es necesario, siempre habrá alguien que lo haga por ti.
La educación no puede sostenerse sobre la urgencia permanente, la confrontación ni el desgaste emocional. Necesita límites claros, roles bien definidos y una corresponsabilidad real entre escuela, familia y estudiante. Respetar esos límites no es falta de empatía; es, precisamente, una forma de educar.
Porque formar no es evitar el conflicto a toda costa, sino enseñar a gestionarlo con madurez, responsabilidad y respeto.
Redacción | Web del Maestro CMF
