Bogotá, 19 de agosto del 2025. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión por manipulación de testigos.
La decisión revocó la medida de arresto domiciliario impuesta por una jueza el pasado 1 de agosto, cuando Uribe fue hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. La condena incluía, además, una multa cercana a 840.000 dólares y una inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos.
El tribunal precisó que la orden de libertad permanecerá vigente “hasta tanto la sala penal correspondiente de este tribunal defina el recurso de apelación” presentado por la defensa del exmandatario, quien siempre ha insistido en su inocencia y calificado el proceso como una persecución política.
Un expresidente condenado por primera vez
Con la sentencia de primera instancia, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, en un caso que la opinión pública ha denominado el “juicio del siglo”. La acusación en su contra sostiene que, a través de su abogado Diego Cadena, buscó que exparamilitares modificaran o retractaran testimonios que lo vinculaban con el paramilitarismo, a cambio de supuestos beneficios jurídicos.
El proceso judicial tiene su origen en 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda señaló la presunta relación de Uribe con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos. Uribe respondió demandando a Cepeda por manipulación de testigos, pero la Corte Suprema de Justicia terminó abriendo un proceso en su contra.
Reacciones y contexto político
La condena llega en un momento decisivo para Colombia, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios aliados de Uribe aspiran a la Casa de Nariño bajo el paraguas del Centro Democrático, partido que él mismo fundó y lidera.
Mientras sus detractores celebraron el fallo recordando las denuncias históricas sobre vínculos con paramilitares, sectores uribistas lo consideraron un proceso judicial motivado políticamente. El senador Iván Cepeda afirmó tras la condena que “miles de víctimas han visto un signo de esperanza” con la decisión judicial.
Uribe, de 73 años, renunció en 2020 a su curul en el Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Pese a las acusaciones, mantiene gran influencia política en Colombia, donde es recordado por la ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos presidenciales.
El futuro judicial de Álvaro Uribe ahora depende de la apelación, que definirá si la condena de primera instancia se confirma, se modifica o se revoca.
Álvaro Uribe, condenado: la sentencia histórica que sacude la política colombiana
El 1 de agosto de 2025 marcó un hito en la historia política y judicial de Colombia: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República entre 2002 y 2010, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión, tomada por la jueza Sandra Heredia, es de aplicación inmediata, lo que ha generado un terremoto político y mediático en el país.
No se trata de cualquier figura pública. Uribe es considerado uno de los políticos más influyentes de las últimas décadas en Colombia. Impulsor del partido Centro Democrático y figura clave en la elección de dos presidentes consecutivos, su imagen ha estado ligada tanto al liderazgo conservador como a fuertes controversias relacionadas con el conflicto armado y el paramilitarismo.
Un proceso complejo y largo
La sentencia llega tras años de investigaciones, audiencias públicas y controversias políticas. La jueza encontró a Uribe culpable por intentar manipular testigos en su favor en al menos tres oportunidades entre 2017 y 2018. En particular, emisarios suyos ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que declararan a su favor en procesos donde se le vinculaba con grupos armados ilegales.
Las pruebas fueron contundentes: grabaciones de audio realizadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve y su pareja, además de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, permitieron a la jueza concluir que hubo una clara intención de obstruir a la justicia.
Aunque la Fiscalía había pedido una pena de 9 años, la jueza Heredia impuso una condena más severa de 12 años, considerando el impacto social del caso y la necesidad de preservar la convivencia pacífica. A pesar de la conducta disciplinada del expresidente durante el proceso, Heredia optó por la prisión domiciliaria inmediata, argumentando que su alta visibilidad y redes internacionales podrían facilitar una eventual fuga.
Reacciones enfrentadas en un país dividido
La sentencia ha provocado reacciones polarizadas en todo el país. Mientras los detractores del expresidente celebran lo que consideran un acto de justicia largamente esperado, sus simpatizantes denuncian una persecución política y acusan a la jueza de ceder a presiones ideológicas. Las inmediaciones del complejo judicial de Paloquemao en Bogotá se llenaron de manifestantes de ambos bandos, reflejando la fuerte división que todavía genera Uribe.
El fallo también tiene repercusiones electorales importantes: el Centro Democrático enfrenta un futuro incierto de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Su principal precandidato, Miguel Uribe Turbay, todavía se recupera de un atentado sufrido en junio, y ahora su máximo referente político no podrá participar activamente en campaña.
Un caso con ramificaciones legales y políticas
La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre para evitar la prescripción del caso. Si esa instancia confirma la sentencia, aún quedaría la opción de acudir a la Corte Suprema de Justicia, el mismo órgano donde comenzó todo en 2018, cuando Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por calumnias.
Esa denuncia inicial terminó por volverse en su contra. La Corte cerró el caso contra Cepeda y, tras analizar nuevas pruebas, abrió una investigación contra el propio expresidente. Uribe renunció entonces a su fuero como senador para que el proceso pasara a la justicia ordinaria, en un intento por tener mayor control sobre el proceso. Paradójicamente, esa jugada derivó en un juicio que terminó en su condena.
La llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, designada por el presidente Gustavo Petro, también influyó en el giro del proceso. A diferencia del anterior fiscal Francisco Barbosa, considerado cercano a Uribe, Camargo permitió que el caso avanzara hasta su resolución judicial bajo la jueza Heredia.
Una imagen que impacta y una apelación en marcha
La imagen del expresidente recluido en su finca de Rionegro, Antioquia, impacta profundamente el imaginario político nacional. Acostumbrado a ejercer influencia desde todos los espacios posibles, Uribe ahora enfrenta una realidad distinta, aunque no ha dejado de pronunciarse. En redes sociales aseguró que se prepara “con oraciones y argumentos” para enfrentar la etapa que viene. “Las crisis más difíciles son las de afectación personal. Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema”, declaró.
La jueza Heredia, por su parte, se mostró firme: Uribe y su abogado actuaron en coordinación, y no hay duda de que buscaban manipular testimonios. “No tenía necesidad de trazarle un plan a Diego Cadena, sino de darle un marco”, sentenció.
Una justicia en juicio público
Este caso no solo ha puesto en juicio a Álvaro Uribe Vélez, sino también al sistema judicial colombiano, que ha demostrado autonomía y capacidad para juzgar a una de las figuras más poderosas del país. Aún falta ver si las instancias superiores ratifican o revocan el fallo, pero el precedente ya está establecido: nadie está por encima de la ley.
El impacto político, social y simbólico de esta condena aún se está desarrollando, pero es claro que la Colombia de hoy no es la misma que la de hace una semana. El futuro político del uribismo está en entredicho, y la justicia ha hablado. Ahora le toca a la historia juzgar el resto.
Redacción | Web del Maestro CMF
Algo es algo, pero es nada. Al menos :/
Por fin justicia a un pueblo de falsos positivos, de política comprada, de montar un narco estado, de propaganda de medios de oligarcas, de asesinatos de políticos, falta porque este ser no estaba solo..👋🏻💥🇨🇴
Esperamos que la justicia actúe con firmeza y que no continúe la impunidad en Colombia. Que se investigue a fondo a exministros y funcionarios señalados por corrupción, incluidos los allegados al actual gobierno. Que se aclare el caso de Nicolás Petro y se llegue hasta las últimas consecuencias, sin privilegios ni encubrimientos.
También exigimos que se retomen las investigaciones sobre los crímenes cometidos por miembros de las FARC, incluyendo los abusos, secuestros e instrumentalización de miles de niños, así como las violencias sufridas por mujeres dentro de esa estructura armada.
Debe revisarse con seriedad el contenido del computador de Raúl Reyes, que podría esclarecer vínculos políticos aún no asumidos públicamente, y en los que algunos afirman estaría involucrado el senador Iván Cepeda. La verdad debe salir a la luz, sin importar a quién comprometa.
El país merece conocer si existieron acuerdos indebidos como el supuesto “Pacto de La Picota”, y esclarecer también las acusaciones que rodean al presidente Gustavo Petro, sobre su vida personal, posibles excesos y decisiones cuestionables en la designación de altos cargos públicos.
Lo cierto es que su gestión ha estado marcada más por la confrontación, el uso del poder para atacar a la oposición, y una narrativa divisiva, que por el cumplimiento de un plan de gobierno real. Muchos colombianos sienten que ha sido un desastre administrativo y político.
Por todo esto, esperamos que la justicia actúe sin sesgos ni temores, y que quien haya cometido delitos, sea quien sea, responda ante la ley. Incluso si se trata del presidente.
No es por Uribe.
Es por la forma que se llevó el proceso. La justicia recurrió a métodos no legales, a directrices políticas.
Baltazar Castro Gonzalez y x fin salio tu puta madre petrista triplehijueputa basura de mierda lameculos de asesino petro hijueputa
Un tremendo asecino y vendedor de sus armas genocidas de los carniceros de la humanidad los EEUU
Por fin actuó la JUSTICIA
Doctor Álvaro Uribe Vélez lo mejor de Presidente de Colombia por esa envidia satánica lo atacaron esos kks guerrillero psicópata bandido
El pueblo colombiano debe dejar de votar por presidente guerrillero Petro y Uribe de la mis base de guerrillero
Rufino Rafael Rodriguez Ibañez YA pronto Los otros también gloria a Dios
Dios no se queda con nada; uribe presooooo;