El reciente escándalo en el colegio secundario Santa María, de la Universidad Champagnat, en Mendoza, expone un fenómeno que muchos docentes reconocen en silencio: la pérdida gradual del respeto por los espacios educativos y la falta de límites claros a la hora de convivir y aprender.
El llamado “festejo” de fin de clases terminó en destrozos masivos, daños a la infraestructura, afectación de materiales pedagógicos y expresiones ofensivas hacia directivos y docentes. La respuesta institucional —20 amonestaciones y la condición de “libre” para alrededor de 150 estudiantes— desató un debate profundo que cruza disciplina escolar, autoridad docente y responsabilidad familiar.
Un último día que terminó en caos
Según se constató, el jueves 27 de noviembre, pese a no contar con autorización para festejos internos, un grupo numeroso de estudiantes ingresó al edificio y provocó un nivel de daños que sorprendió incluso a miembros del Consejo Escolar: aulas destruidas, pasillos sucios, cartelería arrancada y producciones académicas arruinadas. No se trató de una “travesura juvenil”, sino de una conducta colectiva que vulneró normas explícitas y puso en riesgo el orden institucional.
La institución respondió con una medida disciplinaria contundente: 20 amonestaciones para cada involucrado y el pase a condición de libre, lo que implica rendir todas las materias. Además, se dispuso un plan de trabajo obligatorio del 12 al 18 de diciembre, con posibilidad de reducir sanciones solo si se cumple con todas las instancias previstas.
La reacción de las familias y el divorcio con la escuela
A la mañana siguiente, más de 100 padres y madres llegaron al colegio exigiendo explicaciones. Algunos buscaron asesoría legal para revertir la medida y otros pidieron revisar los videos para sancionar únicamente a los responsables directos.
Pero detrás de ese reclamo emerge una tensión conocida: cuando los límites se rompen, muchos adultos buscan defender a sus hijos antes que sostener a la institución que los educa. Varios estudiantes afirmaron no haber participado en los disturbios y aun así recibir castigos. Otros intentaron minimizar los hechos comparándose con jóvenes de otros colegios: “No llegamos alcoholizados, no generamos disturbios graves”. Como si la ausencia de un delito mayor justificara los destrozos a su propia escuela.
Un síntoma más de un problema mayor
Lo sucedido en Mendoza no es un episodio aislado, sino un reflejo claro de la crisis de convivencia escolar que atraviesan muchos sistemas educativos de la región. Cuando 150 estudiantes consideran normal destruir un espacio que les pertenece, no estamos ante un problema disciplinario: estamos ante una falla profunda de formación ciudadana.
La decisión del colegio —quizá dura, quizá imperfecta— es también un recordatorio de que la autoridad escolar no puede seguir siendo decorativa. La escuela no es un servicio a demanda ni un espacio donde cada uno hace lo que quiere. Es una comunidad educativa que requiere normas, responsabilidades y consecuencias.
Límites, responsabilidad y el rol irrenunciable de los adultos
Muchos padres que hoy protestan frente a las puertas del colegio son los mismos que piden escuelas con valores, disciplina y respeto. Pero cuando llega el momento de sostener esos principios, algunos se quiebran. Educar implica enseñar que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas consecuencias incomoden, afecten notas o alteren vacaciones.
No es castigo. Es formación.
Y si la escuela ya no puede formar porque cada decisión es cuestionada, amenazada legalmente o negociada como si fuera un trámite, entonces la autoridad desaparece y el aprendizaje se derrumba.
Una oportunidad para recuperar el sentido de comunidad
El caso del Colegio Santa María puede convertirse en un punto de inflexión. No para demonizar a los jóvenes, sino para recordarles —y recordarnos— que la convivencia tiene reglas. Que la libertad convive con la responsabilidad. Y que la escuela es el primer espacio social donde se aprenden ambas.
La educación no puede sostenerse sin límites.
La autoridad no puede existir sin respaldo.
Y la convivencia no puede construirse sin consecuencias.
Lo que ocurrió en Mendoza debe servir para algo más que un titular: debe ser un llamado urgente a revisar cómo estamos enseñando, acompañando y corrigiendo, antes de que los próximos 150 estudiantes crean que destruir una escuela es parte natural de “celebrar”.
Redacción | Web del Maestro CMF
