Toluca, Estado de México, 29 de septiembre de 2025. La violencia contra maestras y maestros vuelve a colocarse en el centro del debate legislativo. El diputado Rigoberto Vargas Cervantes, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Educación del Congreso mexiquense, presentó una iniciativa de reforma que busca proteger al personal docente frente a agresiones, extorsiones y acusaciones sin sustento. La propuesta plantea sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes atenten contra la integridad de los educadores por extorsión o denuncias falsas.
Las sanciones propuestas
El proyecto establece modificaciones a la Constitución local, al Código Penal, a la Ley de Educación y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Extorsión a docentes: de 8 a 12 años de prisión y multas de hasta 1,000 UMA.
- Lesiones graves: hasta 6 años de cárcel y multas de 375 UMA.
- Lesiones simples: 4 años de cárcel.
- Lesiones ocasionadas por estudiantes o familiares: hasta 5 años y 4 meses de prisión.
- Acusaciones falsas o difamación: hasta 6 años de prisión y multas de 300 UMA, además de la reparación integral del daño en caso de afectar laboral o psicológicamente a la víctima.
- Omisión de auxilio: entre 3 y 6 meses de cárcel y sanciones económicas, con agravantes si la omisión deriva en un delito mayor.
Asimismo, se contempla sancionar a directivos escolares que omitan atender denuncias de violencia, acoso o extorsión contra docentes, al considerarse como obstrucción de la justicia.
Una propuesta con antecedentes
No es la primera vez que el Congreso mexiquense analiza este tipo de iniciativas. En abril de 2024 se presentó un proyecto similar que contemplaba penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel para quienes agredieran al personal educativo. Sin embargo, aquella propuesta fue desechada y quedó “en la congeladora”.
En ese sentido, la actual iniciativa ha despertado escepticismo entre docentes y analistas, quienes señalan que la falta de continuidad en estos proyectos legislativos limita su impacto real.
Violencia creciente contra docentes
De acuerdo con datos del INEGI, más del 90% de los docentes en México considera que la violencia hacia el profesorado se ha incrementado en los últimos años. El 54% asegura haber sido víctima de violencia física o verbal en su lugar de trabajo. Los casos incluyen desde insultos y amenazas hasta agresiones con armas blancas.
Entre los incidentes más recordados figuran ataques en escuelas de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, donde maestras fueron agredidas por padres de familia y estudiantes, hechos que se viralizaron en redes sociales y desataron indignación pública.
Casos emblemáticos como el de María Teresa, maestra de Querétaro acusada falsamente y sometida a un proceso judicial sin pruebas, derivaron en el impulso de la llamada “Ley Tere”. En el Estado de México, la docente Claudia Karina Reyes, conocida como “Miss Karina”, vivió un proceso similar durante casi dos años, incluso estando embarazada. Estos episodios han alimentado la demanda de marcos legales más robustos para evitar que acusaciones sin fundamento destruyan la carrera y la vida personal de los maestros.
El reto legislativo
El diputado Vargas subrayó que la extorsión y la difamación amplificadas en redes sociales representan los delitos más frecuentes contra el magisterio y requieren respuestas contundentes. No obstante, reconoció que estas medidas solo tendrán efecto si son respaldadas por la mayoría legislativa y aplicadas con protocolos claros de prevención y sanción.
Organizaciones de padres de familia también han manifestado preocupación por el deterioro del respeto hacia los docentes. “Ya no se reconoce su importancia y muchos creen que pueden hacer lo que quieran contra ellos”, señaló José Luis Romero, presidente de la Unión de Padres de Familia en el Estado de México.
Entre la protección y la incertidumbre
La propuesta ha generado expectativas en la comunidad educativa, pero también dudas sobre su viabilidad. El antecedente de iniciativas desechadas y la complejidad para que se aprueben y apliquen a nivel nacional hacen temer que esta reforma pueda tener el mismo destino: quedar archivada sin convertirse en ley.
Por ahora, la discusión abre una ventana para visibilizar un problema creciente: la vulnerabilidad de maestras y maestros frente a la violencia física, verbal y digital, y la necesidad urgente de que el Estado garantice su integridad en las aulas y fuera de ellas.
Redacción | Web del Maestro CMF
