El 22 de septiembre de 2025, una madre de familia vivió la peor pesadilla: al acudir a recoger a su hija de 7 años en la primaria Carmen Cerdán, en San Miguel Jacalones, Chalco, le informaron que la menor no había asistido a clases. La madre, segura de haberla dejado en la institución, comenzó una búsqueda desesperada que derivó en una serie de hechos que hoy estremecen a toda la comunidad escolar.
La niña fue hallada más tarde en un aula distinta a la suya, desorientada, temblando y llorando. Su madre relató que personal de la escuela le negó en un primer momento la asistencia de la menor y no la apoyó en la búsqueda. Más tarde, la propia niña declaró que fue sometida por un trabajador del plantel —hijo de la conserje oficial— quien, según el testimonio, la inmovilizó con un pañuelo impregnado de sustancia química antes de cometer el abuso.
Indignación social y exigencias de justicia
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de un sospechoso y abrió una carpeta de investigación por abuso sexual, así como otra por omisión y posible encubrimiento de las autoridades escolares. La institución detalló que la víctima fue atendida por tres peritos en psicología infantil, quienes coincidieron en la veracidad y consistencia de su testimonio.
Mientras tanto, padres de familia y vecinos se movilizaron frente a la escuela para exigir justicia, seguridad y protocolos claros de protección a menores. Las consignas fueron contundentes: destitución del director y de la maestra a cargo del grupo, sanciones para quienes encubrieron la situación y garantías de que hechos similares no volverán a repetirse.
Fallas estructurales y protocolos inexistentes
El caso revela una serie de fallas estructurales graves dentro de la institución:
- Acceso inadecuado de personal externo: en la primaria trabajaban albañiles en horario escolar y familiares de la conserje que no estaban contratados oficialmente.
- Negligencia directiva: el director y la maestra negaron la asistencia de la niña y no activaron ningún protocolo de búsqueda inmediato.
- Falta de control y supervisión: la madre de la víctima señaló que no existió pase de lista adecuado ni comunicación a los tutores ante la supuesta inasistencia.
- Ausencia de medidas de seguridad mínimas: aunque había cámaras, no todas cubrían las áreas críticas, lo que impidió esclarecer con rapidez lo ocurrido.
Estas irregularidades no solo evidencian deficiencias en la administración escolar, sino también un ambiente de vulnerabilidad para la niñez en espacios que deberían ser seguros por excelencia.
La respuesta legal y social
El abogado de la familia, Israel Mendoza, informó que ya existe una carpeta de investigación por abuso sexual contra el presunto agresor y otra por encubrimiento contra autoridades escolares. Asimismo, se establecieron medidas de protección inmediatas para la menor, que incluyen acompañamiento psicológico, peritajes médicos y resguardo por parte de la policía de género.
Organizaciones de defensa de la infancia han advertido que este caso es un ejemplo doloroso de la urgencia de:
- Revisar exhaustivamente la contratación y supervisión del personal escolar.
- Establecer protocolos claros de búsqueda, pase de lista y comunicación con las familias.
- Implementar cámaras de seguridad funcionales en todos los planteles.
- Crear baños y espacios diferenciados entre personal y alumnado para evitar riesgos o malentendidos.
Una exigencia que no puede ignorarse
La voz de la madre, que decidió dar la cara públicamente, se convirtió en símbolo de resistencia. Ella denunció no solo el abuso contra su hija, sino también los múltiples casos que, según afirma, han sido silenciados por miedo o por falta de apoyo institucional.
La presión social recae ahora sobre las autoridades educativas y judiciales. Padres y madres han advertido que no cesarán en sus manifestaciones hasta obtener justicia plena y sanciones ejemplares.
Reflexión final
El caso de la primaria Carmen Cerdán no es un hecho aislado: refleja un problema sistémico en la seguridad escolar mexicana. La confianza de las familias en la escuela, como espacio de protección y formación, se fractura cuando la negligencia permite que ocurran abusos de esta magnitud.
Exigir justicia es el primer paso, pero el siguiente debe ser garantizar cambios reales: protocolos de seguridad, vigilancia estricta del personal y rendición de cuentas de directivos. La escuela debe ser un lugar donde los niños aprendan y crezcan, no donde su integridad se vea amenazada.
Redacción | Web del Maestro CMF
