El estado de Espírito Santo, en Brasil, promulgó la Ley N.º 12.520, del 28 de julio de 2025, denominada “SOS Educação”, con el objetivo de establecer medidas protectoras y procedimientos específicos ante casos de violencia contra profesionales de la educación. La norma ya está en vigor y busca garantizar respaldo institucional y legal a docentes y trabajadores escolares ante amenazas o agresiones dentro del entorno educativo.
La legislación define como violencia cualquier acto que, en el ejercicio de la función docente o educativa, cause muerte, lesión corporal o perjuicio patrimonial, incluyendo también las amenazas contra la integridad física o bienes del profesional.
Protocolos obligatorios ante agresiones
La ley establece que, ante un caso de violencia física o amenaza, la dirección escolar debe comunicar inmediatamente el hecho a la Policía Militar y formalizar la denuncia mediante boletín de ocurrencia. Además, el profesional afectado debe ser derivado a un centro de salud y, de ser necesario, al Instituto Médico Legal.
En un plazo máximo de 36 horas, la institución debe registrar oficialmente el incidente, activar acompañamiento multidisciplinario y garantizar el alejamiento inmediato del agresor del entorno de la víctima dentro de la escuela.
Cuando el agresor sea menor de 18 años, la dirección deberá informar a los padres o responsables legales y comunicar el caso al Consejo Tutelar y al Ministerio Público.
Responsabilidad de padres y reparación de daños
Uno de los puntos centrales de la norma establece que, si se comprueba daño material, moral o estético causado por un menor, sus padres o responsables legales responderán solidariamente con él, conforme a la legislación civil y al Estatuto del Niño y del Adolescente.
La ley también dispone que el autor o su responsable legal deberán restituir bienes indebidamente sustraídos y asumir la reparación de los daños generados, en los términos previstos por la legislación civil y penal brasileña.
Alcance de la normativa
La ley es de carácter estatal y se aplica exclusivamente en Espírito Santo. No modifica el Código Penal federal brasileño, pero articula su aplicación con el Estatuto del Niño y del Adolescente y otras normas vigentes.
Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca fortalecer la seguridad en las instituciones educativas, establecer protocolos claros de actuación y ofrecer respaldo jurídico a los profesionales de la educación, en un contexto donde los episodios de violencia escolar han generado preocupación pública en distintas regiones del país.
Redacción | Web del Maestro CMF | Fuente: Jusbrasil
