El Salvador pondrá en vigor el 26 de abril una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a menores de edad a partir de los 12 años cuando sean condenados por delitos graves como homicidio, feminicidio y violación. La medida fue promulgada por el presidente Nayib Bukele y forma parte de un conjunto de cambios legales aprobados por la Asamblea Legislativa dentro del endurecimiento de la política penal del país.
La nueva normativa modifica el marco legal que antes contemplaba penas máximas para menores, y amplía de manera sustancial el alcance de las sanciones aplicables a adolescentes en conflicto con la ley. Además de la reforma constitucional, los diputados realizaron cambios en distintas normas vinculadas al sistema penal, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Orgánica Judicial.
Los cambios también transforman la estructura judicial que atiende estos casos. Algunos juzgados de menores pasarán a funcionar como tribunales de lo criminal, con competencia para conocer procesos en los que pueda imponerse cadena perpetua. La reforma también incorpora un mecanismo de revisión para las condenas de este tipo, dentro de un esquema que redefine el tratamiento penal de adolescentes acusados de delitos especialmente graves.
La decisión ha generado preocupación en organismos internacionales de derechos humanos y de protección a la niñez. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresaron su preocupación por una medida que, según señalaron, se aparta del principio de que los adolescentes deben recibir un trato orientado prioritariamente a su rehabilitación y reintegración social. Ambos organismos recordaron que la privación de libertad de menores debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió revisar con prontitud los cambios constitucionales, al considerar que resultan incompatibles con estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia. Las observaciones se suman a cuestionamientos más amplios sobre el modelo de seguridad salvadoreño y sobre el impacto de las reformas en las garantías judiciales de los menores procesados.
Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha respondido públicamente a estos llamados. En ocasiones anteriores, las autoridades han sostenido una posición crítica frente a organismos internacionales, a los que acusan de enfocarse en los derechos de quienes delinquen y no en la protección de la población afectada por la violencia. La nueva legislación se inscribe en esa línea de confrontación con entidades multilaterales que han cuestionado el rumbo de la política de seguridad del país.
La reforma se produce en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, una medida que ha permitido detenciones masivas y la suspensión de ciertas garantías constitucionales. Durante este periodo, más de 90.000 personas han sido detenidas, aunque el propio Gobierno ha señalado que una parte de ellas fue posteriormente liberada. Organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han denunciado detenciones arbitrarias y posibles violaciones a los derechos humanos, mientras el Ejecutivo rechaza esas acusaciones.
Entre los señalamientos recientes, Human Rights Watch advirtió que entre las personas detenidas hay menores de edad y pidió el fin del régimen de excepción, junto con una revisión judicial pronta y el respeto al debido proceso. Estas observaciones reavivan el debate sobre el alcance de las medidas de seguridad aplicadas por el Estado y sobre el lugar que ocupan los adolescentes dentro de esa estrategia.
El Gobierno de Bukele sostiene que la dureza de estas políticas ha contribuido a reducir de manera drástica los homicidios y a debilitar a las pandillas que durante años dominaron amplias zonas del país. Según la posición oficial, esa reducción de la violencia explica en parte el amplio respaldo ciudadano al presidente, quien en la elección de febrero de 2024 obtuvo una victoria con más del 80 por ciento de los votos.
La entrada en vigor de esta reforma marca una nueva etapa en la política penal salvadoreña, al incorporar a menores desde los 12 años dentro del alcance de la cadena perpetua para determinados delitos. Con ello, el país profundiza una estrategia de seguridad basada en el endurecimiento de las penas, en medio de un escenario de alta aprobación interna y persistentes cuestionamientos internacionales.
Redacción | Web del Maestro CMF
