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En aplicaci\u00f3n del principio de primac\u00eda de la realidad, en caso de surgir discordancia entre los hechos verificados y lo que se advierte de los documentos o actos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados<\/em>\u201d; en tal sentido la norma concept\u00faa que en virtud de este principio se debe privilegiar los hechos vinculados sustantivamente con el trabajo sobre los actos formales que difieran de la naturaleza de tales situaciones, por lo que esta situaci\u00f3n depende de la situaci\u00f3n real que esta bonificaci\u00f3n nunca estuvo sujeta al impuesto de Renta de Quinta Categor\u00eda, por lo que debe de\u00a0 tenerse en cuenta que si desde la \u00e9poca en que se aprob\u00f3 la bonificaci\u00f3n del 30% por preparaci\u00f3n de clases, se hubiera percibido con normalidad dicho derecho laboral, NO se estar\u00eda analizando el tema de su retenci\u00f3n del Impuesto a la Renta por Quinta Categor\u00eda, porque de acuerdo a la remuneraci\u00f3n que los profesores percib\u00edan, no llegaba a ser sujetos de dicho impuesto.<\/p>\n Tambi\u00e9n debe de tenerse en cuenta el fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional reca\u00eddo en el expediente N\u00ba 01538-2010-PA\/TC de fecha 19 de agosto de 2010 (https:\/\/www.tc.gob.pe\/jurisprudencia\/2011\/01538-2010-AA.html), que indica: \u201c(\u2026) las sentencias judiciales se ejecutan en sus propios t\u00e9rminos y no dejan margen de acci\u00f3n para que su cumplimiento sea pensado, merituado y\/o evaluado por la parte encargada de ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducci\u00f3n (pago por concepto de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pagos por impuesto a la renta<\/strong>) constituye un asunto cuya dilucidaci\u00f3n est\u00e1 \u00edntimamente vinculada con el fondo de la cuesti\u00f3n controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que deb\u00eda ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecuci\u00f3n de sentencia<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n Es oportuno citar el art\u00edculo 4 del TUO de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial, aprobado por D.S. N\u00ba 017-93-JUS, que se\u00f1ala: \u201cCar\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administraci\u00f3n de justicia. Art\u00edculo 4.- Toda persona y autoridad est\u00e1 obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales<\/strong> o de \u00edndole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios t\u00e9rminos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa<\/u><\/strong> que la ley se\u00f1ala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominaci\u00f3n, fuera de la organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el \u00f3rgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido,<\/u><\/strong> ni retardar su ejecuci\u00f3n, ni cortar procedimientos en tr\u00e1mite, bajo responsabilidad pol\u00edtica, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposici\u00f3n no afecta el derecho de gracia<\/em>\u201d.<\/p>\n Esta deuda no debe tener ning\u00fan tipo de descuento porque no est\u00e1 se\u00f1alado en la parte resolutiva de la sentencia, por no haber sido parte del debate dentro del proceso, pues no se encuentra ordenado como un mandato imperativo, caso contrario se estar\u00eda afectando la intangibilidad de la sentencia puesto que ella no est\u00e1 ordenando el descuento del impuesto a la quinta categor\u00eda ni a ning\u00fan otro concepto.<\/p>\n Otra jurisprudencia que podemos citar es el fundamento 8 de la Sentencia del Tribunal Constitucional con Expediente N\u00ba 00946-2013-AA\/TC<\/strong><\/a> (26\/05\/2015), que se\u00f1ala: \u201cAsimismo, siguiendo la jurisprudencia sentada en la STC 01538-2010-PA\/TC, este Tribunal conviene enfatizar que en la etapa de ejecuci\u00f3n de una sentencia laboral firme solo cabe acoger el pedido de deducci\u00f3n o descuento de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pago por impuesto a la renta<\/u><\/strong>, si es que ello form\u00f3 parte del mandato de la sentencia firme. Es decir, que SI ELLO NO FORMA PARTE DE LA RESOLUCI\u00d3N JUDICIAL, NO DEBE SER ACOGIDO EN LA ETAPA DE EJECUCI\u00d3N,<\/u><\/strong> por cuanto contravendr\u00eda los derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han adquirido <\/em>la autoridad de cosa juzgada y a la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales, ya que el mandato de la sentencia no ser\u00eda cumplido in natura y se estar\u00eda permitiendo la ejecuci\u00f3n de lo no juzgado ni ordenado<\/em>\u201d.<\/p>\n Es necesario mencionar y aclarar algunas situaciones dadas posteriormente a la fecha de las sentencias citadas en los p\u00e1rrafos anteriores. La STC 2183-2012-AA (de fecha 16 de noviembre de 2016), en una peleada votaci\u00f3n, declar\u00f3 infundada una demanda de amparo de un trabajador que exig\u00eda la entrega de sus remuneraciones sin retenciones. El Tribunal Constitucional sostuvo, entre otras cosas, que el cumplimiento de la ley tributaria y de AFP no agraviaba la cosa juzgada, pero esta decisi\u00f3n dur\u00f3 solo dos a\u00f1os, pues el mismo Tribunal Constitucional a trav\u00e9s de la STC 7073-2013-AA (de fecha 29 de mayo de 2018) volvi\u00f3 a su criterio anterior, DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA DE AMPARO DE UN TRABAJADOR CONTRA UNA DECISI\u00d3N JUDICIAL<\/strong> que ordenaba ejecutar una sentencia laboral y permit\u00eda que parte de las remuneraciones entregadas sea retenida por el empleador para el pago de los tributos y AFP del trabajador, por lo que por el Principio de derogaci\u00f3n t\u00e1cita, contenido en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la STC 2183-2012-AA (de fecha 16 de noviembre de 2016) quedar\u00eda sin efecto.<\/p>\n Quiz\u00e1s alguna autoridad educativa pueda evocar la STC 2183-2012-AA (de fecha 16 de noviembre de 2016), y de manera adrede no mencionar la STC 7073-2013-AA (de fecha 29 de mayo de 2018) que la deja sin efecto, para poder hacer descuentos indebidos al pago de la deuda social, pero si lo hiciese ser\u00eda bajo responsabilidad civil, penal y administrativa.<\/p>\n La raz\u00f3n por la que ninguna autoridad administrativa puede efectuar descuentos al pago de la deuda social por impuesto a la renta de quinta categor\u00eda es, como se\u00f1alamos anteriormente, la STC 7073-2013-AA de fecha 29 de mayo de 2018, pues estar\u00edan incumpliendo la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales (sentencias) en sus propios t\u00e9rminos, esta afirmaci\u00f3n lo podemos deducir del fundamento 26 de la Sentencia del Tribunal Constitucional reca\u00eddo en el expediente N\u00ba 7073-2013-PA\/TC de fecha 29 de mayo de 2018 (https:\/\/tc.gob.pe\/<\/a>\u00a0y que citamos en el p\u00e1rrafo anterior, que a la letra dice: \u201cAsimismo, siguiendo la jurisprudencia sentada en la STC 01538-2010-PA\/TC, debemos enfatizar que en la etapa de ejecuci\u00f3n de una sentencia laboral firme solo cabe acoger el pedido de deducci\u00f3n o descuento de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pago por impuesto a la renta<\/u><\/strong>, si es que ello form\u00f3 parte del mandato de la sentencia laboral firme. Dicho con otras palabras, que SI ELLO NO FORMA PARTE DE LA RESOLUCI\u00d3N JUDICIAL, NO DEBE SER ACOGIDO EN LA ETAPA DE EJECUCI\u00d3N<\/u><\/strong>, por cuanto contravendr\u00eda los derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada y a la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales, ya que el mandato de la sentencia no ser\u00eda cumplido in natura y se estar\u00eda permitiendo la ejecuci\u00f3n de lo no juzgado ni ordenado<\/em>\u201d.<\/p>\n No existe ninguna Sentencia del TC posterior al 29 de mayo de 2018, que contradiga lo afirmado en el p\u00e1rrafo precedente; exigir que se cumplan las sentencias en sus propios t\u00e9rminos es asegurar la efectiva satisfacci\u00f3n de un derecho material y mientras esto se alcance tiene sentido hablar de que las sentencias se deben cumplir en sus propios t\u00e9rminos.<\/p>\n La ejecuci\u00f3n de las sentencias no puede olvidar que su prop\u00f3sito es satisfacer un derecho, en este caso la sentencia busca satisfacer el derecho de las remuneraciones adeudadas a un trabajador.<\/p>\n Este es un an\u00e1lisis y\/o comentario, salvo mejor opini\u00f3n y aporte.<\/p>\n NOTA DE REDACCI\u00d3N:<\/strong> La Web del Maestro CMF publica los textos originales de su autor, no necesariamente coincide con lo expuesto en el tema, no se hace responsable de las opiniones expresadas, y no promociona ning\u00fan producto, servicio, marca o empresa. 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\nAutor: <\/strong>Fernando Gamarra Morales Tacna, Per\u00fa.
\nEx Secretario General del SUTEP Tacna.
\nProfesor de Matem\u00e1tica y F\u00edsica de la I.E. Guillermo Auza Arce.
\nEmial:<\/strong>\u00a0fer_gamarra@hotmail.com<\/a>
\n<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\nCelular:<\/strong> 51952290888<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
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