Dos ataques simult\u00e1neos, atribuidos a disidencias de las FARC, estremecieron a Colombia y encendieron las alarmas sobre el rumbo de la seguridad nacional. La magnitud de los hechos \u2014un atentado con explosivos contra una base militar en Cali que dej\u00f3 seis muertos y el derribo de un helic\u00f3ptero policial en Antioquia con doce agentes fallecidos\u2014 revela un preocupante avance del conflicto hacia escenarios urbanos y la p\u00e9rdida de capacidad del Estado para contenerlo.<\/p>\n\n\n\n
El ataque en Cali marca un punto de inflexi\u00f3n. Durante a\u00f1os, la violencia se hab\u00eda concentrado en zonas apartadas como el Catatumbo, Cauca o Putumayo, mientras que las grandes ciudades se manten\u00edan relativamente al margen. El presidente Gustavo Petro calific\u00f3 los hechos como una \u201creacci\u00f3n terrorista\u201d tras los golpes propinados a la columna Carlos Pati\u00f1o en el ca\u00f1\u00f3n del Micay. Su ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, reforz\u00f3 el mensaje al declarar que las disidencias de alias Iv\u00e1n Mordisco<\/em>, junto con el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, ser\u00e1n consideradas \u201corganizaciones terroristas perseguibles en cualquier parte del planeta\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este endurecimiento del discurso plantea interrogantes sobre el futuro de los di\u00e1logos abiertos con actores ilegales, como los que el Gobierno adelantaba con el Clan del Golfo. La tensi\u00f3n entre la negociaci\u00f3n y la ofensiva militar vuelve a situar a Colombia en un escenario ambiguo y fr\u00e1gil.<\/p>\n\n\n\n